Los principales socios parlamentarios del Gobierno han reaccionado con “perplejidad” y entre críticas por el “golpe blando” a la histórica sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado , Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. El fallo ha impuesto una multa de 7.200 euros, la inhabilitación especial para el cargo durante dos años y el pago de las costas de la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, el tribunal ha fijado una indemnización de 10.000 euros por daños morales como responsabilidad civil.

Desde Sumar, fuentes del grupo liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estiman que “la condena al Fiscal General es la prueba más clara de que algun

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