No podían permitir que una sentencia razonable pusiera en cuestión su poder omnímodo. Sobre todo, cuando el acusado era un personaje que estaba en su mira desde el mismo momento en que fue nombrado. Ya se habían cargado a su predecesora, Dolores Delgado

Existía la impresión generalizada, incluso en el Gobierno, de que terminarían absolviendo al fiscal general. En el juicio había sido apabullante la falta de pruebas en su contra; el testimonio exculpatorio de varios periodistas no admitía dudas; el principal acusador, Miguel Ángel Rodríguez, había reconocido su bulo. Quedaba el fantasma de las pasadas sentencias abusivas de esa misma sala del Tribunal Supremo, con el juez Manuel Marchena siempre presente en las mismas, quedaba el triste recuerdo de lo que le pasó a Baltasar Garzón. Y ese fantasma ha impuesto sus reales, propiciando un golpe terrible a la independencia de la justicia y a la democracia misma.

El poder judicial realmente existente ha querido demostrar con esta sentencia injusta que es intocable, que sus designios son inapelables, que él es el que manda y no el gobierno surgido de la voluntad popular expresada en las urnas. El momento es, por tanto, gravísimo, la democracia no se ha visto tan amenazada desde el golpe de estado de Tejero. Y no se ve muy claro por donde se podría contrarrestar esta ofensiva contra el Estado de derecho. En los últimos meses, desde que José María Aznar dijo aquello de “quien pueda hacer que haga”, se concluía que desaparecido, al menos a corto plazo, el riesgo de un golpe militar, quedaba el peligro de un ataque de los jueces. Ya lo tenemos encima.

Los magistrados que dominan la Sala Segunda del Supremo, con Manuel Marchena a la cabeza, no podían permitir que una sentencia razonable pusiera en cuestión su poder omnímodo. Sobre todo, cuando el acusado era un personaje que estaba en su mira desde el mismo momento en que fue nombrado. Ya se habían cargado a su predecesora, Dolores Delgado, que había sido ministra del gobierno socialista, es decir, era de izquierdas y eso no se podía permitir. Impugnaron el nombramiento de Álvaro García Ortiz, se negaron a acatar su instrucción de que aplicaran la amnistía a todos los condenados del procés, y utilizando los canales mediáticos de la derecha no dejaron de poner en cuestión toda la actuación del fiscal general nombrado a instancias por el PSOE, algo que ellos siempre consideraron casi una provocación.

El PP, Alberto Núñez Feijóo, cómplice en su inanidad de todos estos movimientos y de cinco años de retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ha pedido que Pedro Sánchez dimita como consecuencia de la sentencia de este jueves. Es difícil saber si los capitostes del Tribunal Supremo han consultado en esta ocasión con el primer partido de la derecha los pasos que iban a dar en su ofensiva. Hay serias sospechas de que sí lo hicieron en anteriores momentos de esta pelea que empezó prácticamente cuando Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa. Y que tuvo sus antecedentes en los gobiernos de José María Aznar, varios de cuyos ministros intervinieron a fondo en modular el poder judicial a fin de que los cargos cruciales fueran ocupados por magistrados próximos al PP.

Pero, más allá de eso, la petición de dimisión que ha formulado Feijóo muy pocas horas después de que se hiciera público el fallo, le da un claro sentido político al mismo, por si su contenido e intención no fueran ya claramente explícitos en este mismo sentido. Porque viene a confirmar que en el trasfondo de la denuncia y del proceso contra Álvaro García Ortiz estaba el objetivo de cargarse al gobierno de izquierdas en el que el PP está empeñado desde que fracasó en las elecciones de junio de 2023.

Los magistrados de derechas del tribunal han cumplido con su parte. Que Feijóo pueda hacer lo mismo con la suya depende de la reacción de sus adversarios políticos y, concretamente, del Gobierno y de Pedro Sánchez. Lo primero que cabe decir al respecto, y las declaraciones de urgencia de sus líderes así lo indica, es que los socios de los socialistas están hoy más cerca de Sánchez de lo que lo estaban ayer. El fallo del Supremo les ha golpeado con igual fuerza a ellos. Junts y Puigdemont, principal víctima propiciatoria de las actuaciones políticas de Marchena y los suyos, no han hecho sangre con el tema. “Para el PSOE la Justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos”, es todo cuanto ha dicho la portavoz de esa formación en el Congreso. La primera impresión es que lo ocurrido este jueves debería alejar un tanto la perspectiva de un adelanto electoral.

Por su parte, Sánchez ya ha dado un primer paso: el de mostrar su desacuerdo con el fallo. Sin tapujos, abiertamente. Ahora tiene en sus manos otro recurso. El del nombramiento del sustituto de García Ortiz, que podría ser un gesto importante, en función de la personalidad y trayectoria del elegido. Cabe preguntarse cuándo se producirá el relevo y ahí el Supremo tiene la mano porque ese paso no podrá tener lugar hasta que haga pública la sentencia. No descartemos sorpresas ni juegos de manos.

A partir de ahí, el fiscal general tendrá que actuar desde el primer día y sin contemplaciones. La declaración de guerra por parte de la Sala Segunda debería de librarle de precauciones excesivas en sus futuras actuaciones en los distintos frentes que tiene abiertos su cargo. Puede que dentro de poco asistamos a un contraataque en toda regla.