La subida salarial propuesta por el Gobierno para los empleados públicos supondrá un desembolso de 20.000 millones de euros en cuatro años , pero la mayoría de este coste no se materializará hasta 2027 y 2028 , es decir, bajo un nuevo Ejecutivo . La oferta ha sido acogida con reticencias por parte de los sindicatos , que critican la inseguridad jurídica de dejar comprometida buena parte del acuerdo en manos de un Gobierno futuro.

Desacuerdo por el calendario de aplicación

El Ministerio de Función Pública ha propuesto una subida salarial del 11% entre 2025 y 2028 . De ese porcentaje, solo un 4% se aplicaría en los dos primeros años , condicionados por la regla de gasto que impone un límite del 3,5% en el aumento del gasto público. El 7% restante quedaría aplazado para los dos últimos ejercicios, es decir, en una legislatura aún por definir.

Sindicatos como CSIF ya han advertido que este reparto no garantiza ni la aplicación ni la estabilidad del acuerdo. «Es necesario reforzar la subida en los años 2025 y 2026 por seguridad jurídica», han señalado, recalcando la incertidumbre política a medio plazo.

Además, la subida correspondiente a 2025 probablemente se aplicará de forma retroactiva en 2026 , debido a los plazos de aprobación presupuestaria, lo que añade más dudas sobre su impacto inmediato.

Un gasto público en máximos históricos

En caso de alcanzarse un pacto con UGT, CCOO y CSIF, el acuerdo deberá ser aprobado anualmente por el Consejo de Ministros y replicado por todas las administraciones públicas. A este esfuerzo financiero se sumaría un gasto en personal ya disparado. En 2024, el gasto en remuneraciones ascendió a 172.749 millones de euros , y en el primer semestre de 2025 ya se ha incrementado un 3% adicional .

Además, en julio de este año el Gobierno aprobó una subida pendiente del 0,5% correspondiente a 2024 , que aún no figura en los presupuestos y que se sumará a los incrementos previstos.

Negociaciones abiertas

La mesa de negociación entre Función Pública y los representantes sindicales se volverá a reunir el próximo lunes , en lo que será el tercer encuentro en una semana . El objetivo es cerrar un acuerdo antes del cierre del año, pero la distribución del incremento por años sigue siendo el principal escollo .

Aunque el porcentaje total del 11% parece asumido por ambas partes, la clave está en definir cuándo se aplica cada tramo y garantizar su cumplimiento, independientemente de los cambios de Gobierno.