La vicepresidenta Yolanda Díaz y comunista ha acusado públicamente a una parte del Poder Judicial de estar «entregada» al derribo del Gobierno tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Lejos de defender la separación de poderes, Díaz invierte su sentido, sugiriendo que los jueces, al ejercer su función de control, vulneran la democracia. Esta deriva verbaliza un peligroso avance del **populismo institucional** en el seno del Ejecutivo.

TRIBUANAL SUPREMO

El pasado jueves, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a **dos años de inhabilitación** y **7.200 euros de multa** por un delito de revelación de datos reservados, al filtrar un correo sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una sentencia firme y motivada, dictada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, tras meses de instrucción, vista oral y deliberación colegiada. Es, en definitiva, un acto del Poder Judicial en ejercicio de su función constitucional de juzgar con independencia.

En lugar de acatarla con respeto institucional, la vicepresidenta segunda, líder de Sumar y aliada preferente del PSOE en el Gobierno de coalición, ha reaccionado con virulencia ideológica, tildando a parte de los jueces de estar implicados en una operación política de “derrocamiento”. La **acusación es de extrema gravedad** y rompe los límites del disenso político legítimo para entrar en el terreno de la deslegitimación de las instituciones.

ESTADO DE DERECHO

Lo ocurrido representa un síntoma más del intento de este Gobierno de transformar las reglas del Estado de Derecho para convertirlas en herramientas del poder ejecutivo. Si el **Poder Judicial** —único contrapeso real al poder político en un país donde el Parlamento está dominado por el rodillo de mayorías precarias pero disciplinadas— se convierte en blanco sistemático del Ejecutivo, el equilibrio constitucional se resquebraja.

No es la primera vez. Desde hace años, los socios de Gobierno, incluidos sectores del PSOE, han erosionado la credibilidad de los jueces: se les acusa de “lawfare” cuando sus sentencias no son del agrado del poder. Se cuestiona la legitimidad del **CGPJ**, no para reforzar su independencia, sino para tomar el control de su renovación y someterlo al cálculo de partido. Ahora, directamente, se pretende convertir a **Baltasar Garzón** en fiscal general, símbolo de la judicialización militante del poder.

Comparativa nacional y autonómica

En contraste con esta estrategia de desgaste institucional, varias comunidades autónomas —especialmente aquellas con gobiernos constitucionalistas— han hecho de la colaboración con la justicia una prioridad política. Madrid, Andalucía o Galicia respetan la independencia judicial y no convierten a los jueces en enemigos por razones partidistas.

El contraste también se observa en la gestión del poder. Mientras el Ejecutivo central amnistía, perdona y blinda a sus afines judicialmente comprometidos, en estas regiones se apuesta por la transparencia, el respeto a las sentencias y la cooperación institucional. Esto explica en parte el mayor grado de confianza ciudadana hacia las instituciones autonómicas en comparación con la polarización en la política nacional.

Reacciones políticas y jurídicas

El **Partido Popular** ha exigido a Pedro Sánchez que desautorice públicamente a su vicepresidenta y recuerde que en democracia los jueces no se critican, se acatan. Vox ha calificado las declaraciones de Díaz como “golpistas” y ha exigido su cese inmediato por atentar contra la Constitución.

En el ámbito jurídico, el Consejo General de la Abogacía ha emitido un comunicado pidiendo “mesura y respeto institucional”, mientras que diversas asociaciones de jueces —como la APM y Jueces y Juezas para la Democracia— han rechazado la “criminalización política” del Poder Judicial. En términos académicos, constitucionalistas como Tomás-Ramón Fernández o Elisa de la Nuez han advertido de que se está cruzando “una línea roja democrática”.

ESTADO DE DERECHO

Si algo define a un Estado democrático es la **separación de poderes**. Cuando un Gobierno, por interés de partido o por cálculo electoral, se permite deslegitimar a los jueces —sin aportar pruebas, sin asumir responsabilidades— está minando las bases mismas del sistema constitucional. Y lo hace, además, no desde la oposición, sino desde la mismísima cúpula del poder ejecutivo.

La defensa de la democracia no consiste en blindar al Gobierno de la crítica, sino en garantizar que los órganos de control puedan ejercer su función sin ser acusados de conspiración. Las palabras de Yolanda Díaz deben ser rechazadas con firmeza, no solo por la oposición, sino por el propio presidente del Gobierno si aún cree en la institucionalidad del régimen del 78.

Una democracia sin jueces libres no es una democracia: es un poder sin freno, y por tanto, una amenaza a la libertad.