Rodríguez explicó que la normativa vigente generó corrupción al interior de las instituciones y que, aunque consideró necesaria una reestructuración, la reforma no debía castigar de manera excesiva a productores rurales. Señaló coincidencias con algunos diputados, pero rechazó el modelo propuesto de sanciones y permisos discrecionales.

El dirigente advirtió que la ley no contempla el aprovechamiento del volumen pluvial retenible ni instrumentos para apalancar el desarrollo económico rural. Indicó que las presas retienen menos del 50% de la precipitación y que el río Lerma desfoga caudales que podrían aprovecharse para uso productivo, según su análisis.

También denunció que la iniciativa no reconoce siete mil pozos registrados con folios 8 del decreto de 2013 ni los primeros pozos en Chih

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