La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró parcialmente inválidas las reformas aprobadas por el Congreso de Oaxaca en septiembre de 2025 sobre la revocación de mandato, al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. El tribunal concluyó que varios cambios contravenían bases constitucionales.

Las reformas anuladas, contenidas en los Decretos 753 y 754, modificaban la Constitución estatal y la Ley de Revocación de Mandato. La Corte determinó que el Congreso local incorporó requisitos adicionales no permitidos por la Constitución Federal y redujo plazos esenciales, afectando el ejercicio del derecho ciudadano a la participación democrática.

Entre los requisitos invalidados destaca la obligación de reunir el apoyo del 10%

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