El Ministerio de Función Pública ha puesto sobre la mesa la posibilidad de abonar un 2,5% de subida pendiente de 2025 en un solo pago en diciembre, para atraer a los sindicatos al acuerdo, que ven en el incremento del 1,5% para 2026 el principal escollo

El Gobierno eleva su oferta para la subida salarial de los funcionarios al 11% en cuatro años

El Gobierno encara este miércoles una jornada de la que están pendientes tres millones y medio de funcionarios y empleados públicos, a la espera de un acuerdo entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos que despeje el horizonte salarial, que el Ejecutivo ha cifrado en un 11%, unos 22.000 millones de euros extra, en cuatro años. Las negociaciones sobre las retribuciones comenzaron la semana pasada y se encallaron este lunes, ante la negativa del departamento que dirige Óscar López de que el acumulado de los años 2025, todavía pendiente de actualización, y 2026 supere un incremento total del 4%.

La negociación salarial se enmarca dentro de un acuerdo que tiene varias patas y que incluye cambios en el empleo, en las condiciones laborales y en los servicios públicos. Pero es en los sueldos donde las organizaciones sindicales y el Ejecutivo chocan. La distribución de ese 11% que Función Pública ha trasladado a la representación del funcionariado sería de un 2,5% para 2025; 1,5% en 2026; un 5% en 2027; y el 2% para el año 2028.

Para 2025, que se cobraría con carácter retroactivo, el Ministerio se comprometió este lunes con los sindicatos a impulsar un decreto ley que autorizase el pago de ese 2,5% en diciembre. Son unos 5.000 millones que el personal empleado recibiría antes de que finalice el año, si hay acuerdo. Es un incremento levemente inferior a las estimaciones de inflación previstas para este ejercicio, de entre el 2,7 y el 2,9%, pero el principal freno está en 2026.

Para el año que empieza en menos de mes y medio, con el tope del 4% para estos dos primeros cursos, Función Pública ha ofrecido un 1,5%. Con unas previsiones de inflación del 2%, según el Banco de España, algunos de los actores sentados a la mesa los ven insuficiente. “No podemos firmar nada que signifique un 1,5% en 2026”, advierte la responsable de Políticas Públicas de CCOO, Miriam Pinillos, que considera que el Ministerio mostró esta semana gestos de “inmovilismo”, pese a algunos “gestos importantes”, como que el abono de 2025 pueda ejecutarse en diciembre o que toda la subida vaya a fijo y no dependa de variables.

El Ministerio justificaría su tope del 4% en el techo de gasto comprometido con Europa, pero los sindicatos todavía ven cierto margen de mejora. “En un momento de crecimiento económico, no podemos ser rehenes”, señala Pinillos. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ya señaló a la salida del encuentro de este lunes que se habían planteado “la posibilidad de pasar medio punto del año 27 al 26, a lo que el Gobierno se niega”.

El Consejo Federal de UGT Servicios Públicos validó el jueves pasado la propuesta del Ministerio, a la espera de pequeños matices, al considerar que permitiría “recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo en la vigencia del acuerdo”, hasta 2028. Además, según los cálculos del sindicato, el incremento del 11% acumulado podía llegar, en la práctica, hasta el 11,5%, si se tenían en cuenta los ajustes derivados del deslizamiento de las tablas salariales con las subidas año a año.

No obstante, el acuerdo depende ahora de los movimientos del Ministerio para terminar de convencer a esta organización y para atraerse a CCOO y CSIF, que consideran la oferta actual “insuficiente”. Estos últimos han señalado en un comunicado difundido este lunes que sus órganos internos analizarían la propuesta, con la esperanza de poder desbloquear la parte salarial y sin anticipar ningún escenario, pero con la sombra de una huelga el próximo mes si el acuerdo finalmente se trunca.

Por el momento, todas las partes consultadas se muestran dispuestas a continuar con las conversaciones. “Vamos a perseguir el acuerdo hasta el último minuto. Y el último minuto no lo fijamos nosotros”, indican desde CCOO, que aclaran que “no ponen un ultimátum al Gobierno” pero que un hipotético pacto “tiene que ser satisfactorio para todas las partes”.

“El Gobierno es coherente y siempre ha practicado el diálogo social, siempre ha llegado a acuerdos con los sindicatos”, señaló el ministro Óscar López en una entrevista en Antena 3 este lunes, en la que afirmó que, con su propuesta, se habla de que “los funcionarios no pierdan poder adquisitivo”.

Mientras fuentes de la negociación coinciden en que “nadie quiere romper este acuerdo”, otras voces hablan de un órdago ante la falta de un plan B trasladada por el Ejecutivo. “Plantea un ultimátum”, señala esta parte, que reconoce que el 11% acumulado supone una mejora frente al acuerdo acuerdo previo y en un escenario en el que según todas las previsiones la inflación se va a contener. Estas mismas fuentes son conscientes del peligro de una convocatoria electoral que pueda romper futuras negociaciones o, incluso, frenar las subidas si este acuerdo plurianual no sale adelante y ante lo que quieren “amarrar lo máximo posible”.

El último acuerdo salarial, firmado en 2022 dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, del que se descolgó CSIF, contemplaba una subida total del 3,5% para ese ejercicio; un fijo del 2,5% para 2023; otro extra del 0,5% si la inflación de esos primeros dos años, hasta septiembre de 2023, superaba el 6%, como ocurrió; y un fijo del 2% para 2024, además de otro 0,5% si el IPC acumulado de los tres últimos años superaba el 8%, como también sucedió. Ese último incremento, que se cobró con carácter retroactivo desde enero, se incorporó a la nómina este verano.

Al margen de los sueldos, los sindicatos sí se han mostrado satisfechos con otros puntos del acuerdo, como el fin de la tasa de reposición, que se agilicen las oposiciones o mejoras en la promoción interna de los funcionarios. Son reivindicaciones históricas ante las que el Gobierno se habría mostrado “muy receptivo”. “El tono siempre ha sido bueno y hay buena voluntad en toda la parte de empleo, de condiciones y de mejorar el servicio público, para empezar los trabajos”, admite Pinillos. Pero en la parte salarial no todo depende de Función Pública, porque a la mesa de negociación se siente también Hacienda, que en este momento tiene la llave para desbloquear un acuerdo que de tranquilidad al ministerio de Óscar López, que en los últimos meses ha tenido que hacer frente a la renovación de Muface, en una crisis sin precedentes, y hasta hace unas semanas tenía en pie de guerra a los sindicatos a la espera de una negociación que puede resolverse esta misma semana.