Desde hace décadas, la sociedad española se felicitaba por vivir en un país de propietarios. En muchos casos, los jóvenes podían emanciparse en una vivienda en propiedad o tras unos años de alquiler en las primeras etapas fuera del hogar familiar y durante la época estudiantil. Esa fase solía considerarse como un paso previo al salto definitivo a la compra, vinculada con la estabilidad que hoy en día se tambalea, según un estudio del Instituto IDRA, publicado este miércoles, y que apunta que el alquiler ya no es una etapa. De hecho, la mayoría de inquilinos no esperan poder acceder a una casa propia en el futuro.

El trabajo analiza las dinámicas en torno al alquiler que se han producido en las últimas décadas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Lisboa y Buenos Aires, donde se encuentran tendencias similares pese a las diferencias regionales. Como muestra el siguiente gráfico, el porcentaje de población inquilina comenzó a disminuir desde los años 60, hasta mínimos en el inicio del siglo XXI.

En España, en 2001, la población que vivía de alquiler apenas llegaba al 11%, un porcentaje que se situaba 20 años después en el 16%, casi un 50% más. Pero las tasas se disparan en Barcelona, por encima del 30% y Madrid, que roza el 25%, en una tendencia que no tiene visos de revertirse.

“El aumento de oferta de viviendas en alquiler que se ha producido desde el estallido de la burbuja, con 1,3 millones de pisos más, responde a la desigualdad que se está dando entre quienes, tradicionalmente, podrían haberse comprado una casa, pero no pueden competir con aquellos que ya tienen propiedades y extraen rentas asumiendo el ahorro de las familias trabajadoras a través de los alquileres”, explica el investigador y coautor del estudio, Jaime Palomera, que señala que estas dinámicas se reproducen en Portugal e incluso en Buenos Aires, pese a la hipótesis inicial de que “serviría de contrapeso porque no hay presencia de fondos oportunistas”.

“El acceso restringido a la propiedad por parte de los inquilinos se explica no solamente por la falta de crédito hipotecario, sino por el hecho de que los hogares inquilinos compiten con inversores por la adquisición de viviendas”, apunta el trabajo, que pone como ejemplo de esta dinámica “el elevado número de compras de vivienda que se dan sin hipoteca ”.

El estudio señala que “lejos de constituir una etapa transitoria en el ciclo vital, vivir de alquiler se ha consolidado como una condición permanente para amplias capas de la población urbana”. En Madrid, 7 de cada 10 inquilinos encuestados cree que no podrá comprarse una casa. En Lisboa, menos del 5% cree que tendrá acceso a una vivienda en propiedad. Y en Buenos Aires, solo el 23% espera comprar o heredar en el futuro.

La incapacidad para acceder a una vivienda en propiedad, en un momento de precios disparados, no es algo que afecte solo a los jóvenes. De hecho, el trabajo se atreve a desafiar ese tópico. “Entre los jóvenes es más habitual el alquiler, pero si miras el conjunto de la población, la mayoría de personas están entre los 35 y los 64 años. Por lo tanto, se está normalizando cada vez más en capas posteriores a la juventud”, explica palomera.

El alquiler como opción, per se , no debería ser negativo, pero el aumento de precios por encima del 30% en la última década ha condenado a más de un millón y medio de hogares a destinar más del 30% de sus ingresos a pagar la renta , un esfuerzo que organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea consideran “excesivo”. Pero también, indica el informe, a una “desprotección generalizada”, a “una gran presencia de barreras para acceder a una vivienda en alquiler” y a “la erosión de los derechos de los inquilinos”, que tiene un “impacto negativo” en la calidad de las casas y en las condiciones de vidas de sus habitantes, con mayores tasas de hacinamiento y convivencia y mudanzas forzosas.

“La expansión del alquiler como forma de acceso a la vivienda, sin las protecciones adecuadas ha profundizado las desigualdades sociales y ha dejado a muchos inquilinos en una situación de indefensión”, indica el informe, que propone “una batería de propuestas políticas a desarrollar urgentemente, que aborden estas desigualdades y pongan fin a la desprotección de los inquilinos, garantizando sus derechos y condiciones residenciales dignas”.

En concreto, los investigadores proponen como principal medida para dar seguridad a los inquilinos la reintroducción de los contratos sin fecha de finalización predefinida, renovables automáticamente o temporales bajo justificación, como ocurre en otros países del entorno, que favorecen este tipo de acuerdos, como Alemania, Francia, Países Bajos o Dinamarca. Además, apuestan por regular el precio de los alquileres, para dar respuesta a las principales preocupaciones de los inquilinos que arrojan las encuestas: el miedo a que suba la renta, a que finalice el contrato y a enfrentar dificultades para pagar.

En la misma línea, el trabajo apuesta por desconcentrar la propiedad y redistribuir la riqueza, con medidas como prohibir la compra especulativa de vivienda para la inversión. Este mismo martes, el Congreso tumbó una iniciativa de Sumar en esta línea. O, entre otras medidas, gravar fiscalmente los activos y las rentas derivadas del patrimonio inmobiliario, que se presentan “cada vez más como un motor de desigualdad social”.