El PIB crece a un ritmo del 2,9%, el empleo se encuentra en máximos y la renta de los hogares ha crecido un 5% desde la pandemia, pero los salarios reales están estancados y la cesta de la compra y la vivienda muerden cada vez más el bolsillo

El sistema tributario español es menos progresivo que el resto de Europa y reduce 8 puntos menos la desigualdad

Los grandes titulares de la economía provocan una pregunta que, cada vez más, se barrunta en la política, la academia y la ciudadanía: ¿sirve que el producto interior bruto (PIB) crezca a un ritmo vertiginoso para aumentar el bienestar de la ciudadanía?

España avanza a un ritmo que sorprende a propios y extraños desde el ‘shock’ de la pandemia en 2020 y ha sido capaz de esquivar una guerra a las puertas de Europa, una crisis inflacionaria como no se veía en cuarenta años y la inestabilidad comercial del nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A nivel local, eventos como el volcán de La Palma, la DANA que asoló la provincia de Valencia en 2024 o el ‘Gran Apagón’ no han desestabilizado el avance del PIB.

A cierre del año pasado, la economía española era un 7% superior a la de 2019, por encima de lo que han aumentado pares como Alemania, Francia o Italia, las tres grandes del euro. Con los datos hasta septiembre, ya es un 10% más grande.

Todos los grandes organismos internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea) y nacionales (Banco de España, Funcas...) han elevado sus previsiones de crecimiento y las sitúan en torno al 3% este año y por encima del 2% para el que viene. La posición fiscal de España ha mejorado, con la prima de riesgo en mínimos y agencias de calificación como Moody's, Fitch o S&P subiendo la nota de la deuda española.

Y sí, esa riqueza se está trasladando a las familias. El Ministerio de Economía utiliza dos grandes argumentos 'macro' para defender que la aceleración del PIB llega al bolsillo de las familias. El primero, los datos de empleo récord. El segundo, el avance de la renta disponible de los hogares.

El mercado laboral está en máximos históricos en población activa y en ocupación. Nunca hubo tanta gente trabajando, casi 22,4 millones, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Y la tasa de paro, en el 10,5%, se halla en mínimos desde 2007.

La renta de los hogares, en cifras récord

Este subidón del empleo se ha traducido en un aumento de la riqueza ‘real’ disponible (descontados la inflación y los impuestos) per cápita de las familias, que ha crecido más del 5% desde la pandemia y ha superado la brecha que se abrió en 2022, por el subidón de la electricidad, primero, y la cesta de la compra, después.

De hecho, los datos de la OCDE muestran que ahora mismo las familias ya supera el pico previo al estallido de la burbuja inmobiliaria y ha sido capaz de cerrar la brecha de la Gran Recesión.

Una circunstancia que es compatible con otra realidad: los salarios no son capaces de ganar poder adquisitivo. Según un estudio realizado por el gabinete económico de CCOO, los sueldos ‘reales’ (descontada la inflación) llevan veinticinco años estancados. En 2025, una nómina compra lo mismo que compraba a principios de los 2000.

“La gente trabajando solo es un porcentaje de la sociedad”, explica Natalia Arias, del gabinete económico del sindicato CCOO. “No solo ha habido un crecimiento muy extensivo del empleo. Influye que se hayan revalorizado las pensiones, que sean más altas que las que había una década atrás, que haya un menor paro juvenil”, detalla. También las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que han impulsado los sueldos más bajos.

Los salarios aún no se recuperan del shock de 2022

La parálisis de los salarios es clave para explicar el malestar en determinados segmentos de la población. “La gente sí que percibe que la situación económica micro ha podido empeorar porque los salarios no han crecido demasiado después del shock de 2021-2022, pero sí ven la subida cuando van a comprar”, explica el Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Funcas, Desiderio Romero.

Una tesis en la que coincide el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, que pone el foco en el ‘impuesto invisible’ del alza de precios. “La gente realmente detesta la inflación y gran parte se produjo en los alimentos. Se han incrementado un 35% en tres años. La gente percibe que sus salarios no han crecido y que la cesta de consumo no se ha incrementado, por lo que sus percepciones no han mejorado”, detalla en conversación telefónica con este periódico.

Los precios, medidos por el Índice de Precios al Consumo, avanzaron de media un 3,1% en 2021, con los primeros indicios de la crisis inflacionaria tras el rebote de la pandemia. Ese año, la subida salarial media, según los datos de la Encuesta de Población Activa, fue del 1,9%. En 2022, con los precios mordiendo el bolsillo, el IPC creció un 8,4% y las pagas solo un 2%. Es decir, en dos años se perdieron 7,6 puntos de capacidad de compra que a día de hoy todavía no se han corregido.

Y de estos salarios, fundamentalmente han sido los más bajos quienes se han recuperado más que los medios, empujados por el SMI. “Una de las cosas que hemos observado es que los dos deciles más bajos de la distribución han aumentado, como consecuencia del SMI. Pero el 80% restante ha mostrado un deterioro como consecuencia de la inflación. En este sentido, ha habido políticas que han priorizado a los más desprotegidos, pero la gran mayoría sí ha perdido poder adquisitivo”, analiza el responsable de BBVA Research.

Los salarios más bajos se han recuperado más, pero también son pagas que basan su consumo en bienes básicos, por lo que también se han visto afectados en mayor medida por el alza del precio de los alimentos. A esto se suma que, según el estudio efectuado por CCOO, si bien los salarios más bajos han crecido más de un 15% desde 2018, en realidad apenas han alcanzado los niveles previos a la burbuja, ya que fueron los tramos que más sufrieron la Gran Recesión.

El precio de los alimentos y la vivienda, claves del malestar

La brecha entre lo macro y lo micro es un problema que preocupa desde hace meses en los pasillos del Ministerio de Economía que lidera Carlos Cuerpo, ya que es una pregunta constante a la que se enfrenta el ministro en cada comparecencia pública. Tanto es así que el Gobierno decidió reformar su cuadro macroeconómico para incorporar proyecciones sobre desigualdad.

“Es importantísimo para nosotros poner sobre la mesa el impacto que tiene ese crecimiento económico como condición necesaria también para que revierta en el día a día en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos”, subrayó el titular de Economía desde la mesa del Consejo de Ministros el pasado martes.

El ministro hizo referencia a los precios de la alimentación, pero reconoció el otro gran elefante en la habitación, causa del malestar: la vivienda. “Sabemos que la evolución de los precios de la cesta de la compra, pero también de uno de los mayores gastos que tiene que hacer frente un hogar, que es la vivienda, afectan al día a día de los ciudadanos y a su capacidad de hacer proyectos vitales”, reconoció Cuerpo.

El precio de una casa se ha disparado casi un 80% en diez años, según los datos que recoge el INE, que se ha doblado (106%) en el caso de la de nueva construcción. Hoy en día, un español tiene que dedicar 7,65 años de su salario íntegro para comprar una vivienda. Esto supone un esfuerzo del más del 34% de su sueldo anual, y creciendo, justo en el límite de lo que recomiendan los expertos.

“El problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes, está teniendo consecuencias en su bienestar”, reconoce Cardoso, que apunta a una sensación de que “no hay esperanza de que se revierta”, sino que aún vaya a peor.

Unas circunstancias que frenan la economía en muchos ámbitos. El Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat de València y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), José Manuel Pastor, apunta que este asunto es “muy importante: Los jóvenes no solo no pueden comprar un piso, sino que no crean hogares y esto afecta a la tasa de natalidad”, detalla. Un dato clave para el futuro, para la sostenibilidad del mercado laboral y también del sistema de pensiones.