Ni María José Sáenz de Buruaga ni Agustín Molleda acudieron este jueves al acto de conciliación en Las Salesas, en el que se dirimía la denuncia presentada por el dirigente socialista contra la presidenta por calificar como “corrupción de libro” el acceso exprés de él y su hermana a dos plazas fijas en el Ayuntamiento de Cartes. El acto terminó sin avenencia. El PP se reafirma: “Se ha dicho la verdad. No hay nada que rectificar”.

Qué ha ocurrido

El acto de conciliación , celebrado este jueves 27 de noviembre a las 10:30 horas en la sala de vistas número 11 del complejo judicial de Las Salesas ( Santander ), ha concluido sin acuerdo. El procedimiento, obligatorio para interponer una querella penal por injurias y calumnias , fue solicitado por Agustín Molleda , secretario de Organización del PSOE cántabro, contra la presidenta del Gobierno de Cantabria , María José Sáenz de Buruaga .

Ambas partes estuvieron representadas por sus letrados, pero no comparecieron personalmente. No hubo rectificación. No hubo disculpa. Y tampoco hubo acuerdo.

Por qué la acusa Molleda

Molleda —también exalcalde de Cartes— exige que la presidenta se retracte de sus declaraciones públicas en las que calificó como “corrupción de libro” el procedimiento por el que él y su hermana accedieron a puestos fijos en el Ayuntamiento que él mismo gobernaba. Buruaga denunció que se trataba de una adjudicación “por vía exprés”, legalmente “cuestionable” y éticamente “infumable”.

En la demanda de conciliación, Molleda solicita una indemnización simbólica de 1.000 euros , que afirma destinará a una causa benéfica vinculada al cáncer. Sin embargo, lo esencial para el socialista es una rectificación pública , que no se ha producido. El PP se ha mantenido firme: “Lo que se ha dicho es cierto, necesario y legítimo”.

Qué dice el PP y por qué no rectifica

Fuentes del Partido Popular sostienen que la denuncia de Buruaga fue una “valoración política fundada” sobre hechos objetivos. “Un alcalde no puede adjudicarse a sí mismo una plaza pública, ni a su hermana, sin levantar todas las alarmas éticas e institucionales”, señalan desde el entorno del Gobierno de Cantabria .

El intento del PSOE de judicializar la crítica política ha sido recibido como un intento de silenciar al adversario. “No se puede ir a los tribunales para imponer un relato. El problema no son las palabras de Buruaga, sino los hechos que las motivaron”, afirman.

Qué consecuencias tiene

Al finalizar sin avenencia, Molleda tiene ahora vía libre para interponer formalmente la querella por injurias y calumnias . Sin embargo, expertos legales consultados por ALERTA advierten que el éxito judicial de la demanda es improbable, dado que las manifestaciones de Buruaga están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y de crítica política en el marco del debate democrático.

El acto de conciliación se enmarca en una escalada verbal y jurídica entre el PSOE y el Gobierno del PP , que ha hecho de la regeneración institucional y la denuncia del clientelismo una de sus principales banderas. La presidenta no sólo no se ha retractado: ha reafirmado que “no ha hecho otra cosa que llamar a las cosas por su nombre”.

El PSOE y sus presiones

El resultado del acto de conciliación es un acto de firmeza política. El intento del PSOE de transformar una denuncia ética en un pleito personal no ha surtido efecto. Buruaga no ha cedido, y con razón. Lo que está en juego no es una cifra simbólica, sino el derecho de un gobernante a llamar “corrupción” a lo que huele, se comporta y se tramita como tal.

El Gobierno de Cantabria tiene la obligación de denunciar todo lo que vulnere el interés general, y el PP ha actuado en consecuencia. Si el PSOE quiere limpiar su nombre, que empiece por explicar el acceso exprés de los suyos a la función pública. No por intentar censurar a quien lo señala.