La entrada en prisión de José Luis Ábalos tendrá repercusiones parlamentarias con pocos precedentes. El Congreso suspenderá al diputado de su condición una vez que el juzgado le envíe la notificación con la resolución. Con ello, el exministro perderá, mientras siga en prisión, sus derechos y deberes como parlamentario: no podrá votar ni cobrar su sueldo. La decisión además debilita la ya de por sí exigua mayoría con la que contaba el Gobierno para sacar adelante sus leyes.

El juez Leopoldo Puente ha tomado la decisión este jueves al entender que existe un riesgo de fuga “extremo” y después de que la Fiscalía solicitase su entrada en prisión sin fianza. El magistrado cree que el riesgo de fuga se ha incrementado por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia. Así, Abalos se dirige a la prisión de Soto del Real.

Sin derecho a votar 

Ábalos intentó desde el inicio del procedimiento judicial contra él buscar el amparo del Congreso para blindarse y tratar de evitar una imagen como la de este jueves. Por eso cuando su partido le pidió que renunciara a su acta él se atrincheró y terminó en el Grupo Mixto, donde apenas ha registrado actividad parlamentaria. 

Ahora el Congreso acaba de iniciar el proceso para suspender al exministro de su condición de diputado. Fuentes parlamentarias han indicado que la Presidencia ha enviado un oficio al Supremo para que “certifique la decisión de ingreso en prisión provisional del diputado José Luis Ábalos y el auto de procesamiento o equivalente” con el fin de iniciar el trámtie para elacuerdo de Mesa de suspensión.

Esta suspensión implica que el diputado no podrá ejercer sus deberes parlamentarios, tal y como indica el artículo 21 del reglamento, que establece la suspensión de los “derechos y deberes” parlamentarios en los casos que proceda por aplicación de disciplina parlamentaria y “cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”. Aunque en este momento no hay un auto firme de procesamiento contra él, fuentes parlamentarias dan por descontado que se le suspenderá. 

A partir de ahora, por tanto, Ábalos no podrá votar telemáticamente en los plenos ni en las comisiones y tampoco, lógicamente, intervenir en los debates legislativos ni registrar iniciativas. 

Sin sueldo ni pensión

Junto a la suspensión de sus deberes, Ábalos también se quedará sin los derechos de ser diputado. Dejará de percibir su sueldo y también los complementos aparejados. Son 3.236 euros brutos mensuales que conforman su sueldo y otros 2.000 que tienen asignados los parlamentarios que no son de Madrid para sus gastos derivados de la actividad del Congreso.

Además, en el caso de que la Cámara llegase a disolverse, por la convocatoria de elecciones, y él siguiera en prisión, Ábalos no tendría derecho a percibir una pensión. 

La única vía que le podría librar de perder su pensión sería que el diputado renuncie al acta antes de ingresar en la cárcel, según fuentes parlamentarias. El problema es que la medida decretada es una suspensión, que quedaría levantada si Ábalos saliese de prisión provisional. Entonces, el diputado recuperaría sus derechos porque no habría perdido el acta. 

¿Cambian las mayorías?

Una de las principales discusiones parlamentarias desde que empezó a sobrevolar la posibilidad de que Ábalos entrara en prisión tiene que ver con las mayorías en el hemiciclo. Ahora mismo, hay 350 escaños y la mayoría absoluta se ubica por tanto en los 176, la mitad mas uno. Si el diputado socialista no renuncia al acta, su ingreso en prisión impedirá que otro diputado ocupe su lugar, pero hasta ahora había un intenso debate jurídico sobre si el Congreso debería dejar el número de diputados como está o rebajarlo a 349.

El principal precedente sobre este asunto, aunque la situación es diferente, es el de los diputados del procés que fueron suspendidos en 2019, que a diferencia de Ábalos ya estaban en prisión cuando fueron elegidos. La Mesa del Congreso, con el voto a favor del PSOE, Ciudadanos y PP pero la oposición de Unidas Podemos, apoyó que el número de escaños se mantuviese en los 350. 

La Mesa encargará un informe a los letrados para que determinen qué es lo más conveniente. Si la mayoría queda en 176, el bloque del Gobierno y sus socios perdería un voto, frente a la suma de 171 escaños de PP, UPN y Vox. Una situación que hace todavía más exigua su ventaja frente a la derecha con Junts ahora autoubicado en la oposición. El debate en cualquier caso parece zanjado y fuentes parlamentarias confirman que esta vez tampoco se producirá un cambio en las mayorías.