Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— A siete semanas de que el Juzgado Tercero de Distrito ordenara la suspensión, primero provisional y luego definitiva del megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas, la empresa continúa las obras sin impedimento y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha ejecutado la clausura ordenada, denunció Sergio Oceransky, integrante de la Fundación Yansa.

El activista recordó que la suspensión provisional se emitió el 9 de octubre y la definitiva el 24 de octubre, pero Profepa no hizo nada hasta el día de hoy para que se cumpla dicha suspensión. Ante la falta de acción, presentó una incidental para denunciar que la empresa no solo siguió trabajando, sino que “se jacta de ello en redes sociales”.

De acuerdo con Oceransky, en su informe ante el juzgado la Profepa afirmó que no clausuró la obra porque “no ve la necesidad”, al considerar que no hay irregularidades, lo cual interpreta como “una admisión clara de incumplimiento de una orden de un juzgado federal”.

Calificó este proceder como un ejemplo de cómo “esta institución parece estar al servicio de intereses privados”, y anunció que continuará con acciones penales contra los funcionarios responsables. “No me detendré hasta que se haga justicia”, sostuvo.

El integrante de Yansa cuestionó que qué pueden esperar las comunidades que no cuentan con acompañamiento legal si, incluso en un caso con sentencia firme, las autoridades ambientales no actúan. Señaló que es urgente una reforma a profundidad, empezando por limpiar de corrupción a la PROFEPA, el INAH y otras instituciones, y afirmó que coincide con la exigencia de destituir a los responsables en Yucatán.

Difamación y amenazas

Oceransky denunció también una escalada de ataques dirigidos al equipo de Yansa, incluyendo la difusión de informaciones falsas, intentos de intimidación y amenazas a la integridad física. Señaló que incluso se han ofrecido pagos a personas para organizar protestas en su contra y “generar un contexto que pueda justificar algún tipo de actuación contra nuestra integridad física”.

Este clima de hostigamiento se agravó tras un incidente violento contra Alejandra Poot, integrante de la Fundación Yansa.

Poot relató que desde que comenzó su trabajo de defensa de derechos vinculada al caso Ciudad Maderas, recibió mensajes advirtiéndole que dejara de involucrarse. “La semana pasada se dio una situación que no puedo detallar por motivos legales, pero llegaron varios cuerpos de seguridad estatales y federales a auxiliar; hay un detenido, grabaciones de lo sucedido y una denuncia en curso”, explicó.

La defensora subrayó que este tipo de agresiones “no pasaría si las autoridades hicieran su trabajo” y advirtió que continuará con las acciones legales necesarias: “No permitiré que se dañe el trabajo de la Fundación Yansa, pues es hermoso y plenamente legítimo”.

Finalmente, hizo un llamado al gobierno estatal y federal para no utilizar instituciones públicas en favor de intereses privados: “Exhorto al gobierno estatal y federal y a la fiscalía a que se apeguen a derecho y sean respetuosos de los derechos humanos”. ( Noticaribe )