El quebradero de cabeza por los impagos  a las renovables decidido por el Gobierno de Pedro Sánchez y la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera , sigue aumentando. Como la factura para España de esa estrategia judicial de Sánchez y Ribera -y ahora de su sustituta, Sara Aagesen - de no pagar a los fondos internacionales las sentencias perdidas en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, y posteriormente en los tribunales ordinarios de Australia, Reino Unido o Estados Unidos.

Sólo en intereses de demora por esos impagos a las renovables, la factura para el erario público español roza ya los 300 millones de euros , según fuentes de estos fondos acreedores, como se puede ver en la tabla.

impagos a las renovables

De acuerdo con las cifras que manejan los fondos acreedores de España por haber ganado arbitrajes y procesos judiciales -que el Gobierno recurre sistemáticamente-, la factura de los intereses de demora crece en más de 200.000 euros al día .

Además, desde mayo de 2023, cuando estos fondos acreedores realizaron el primer recuento, hasta diciembre de 2025, el número de acreedores ha pasado de 18 a 28. Y los intereses de demora no son estáticos, crecen cada día que pasa sin que Sánchez cumpla las sentencias y pague las indemnizaciones que determinan los jueces.

A los intereses de demora hay que sumar las condenas en costas para el Gobierno español en estos juicios que está perdiendo en los tribunales de países como Australia, Reino Unido o Estados Unidos. Incluidas las costas, los fondos calculan que el coste para el erario público de la estrategia de Sánchez y Ribera asciende a 522 millones de euros.

En definitiva, costas e intereses de demora hay que sumarlo al total de las indemnizaciones decretadas en estas sentencias y que suman casi 1.750 millones de euros. El coste total es de 2.285 millones, según siempre los cálculos de los fondos internacionales acreedores.

impagos a las renovables

El origen de este millonario conflicto se sitúa en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en energías renovables del 25%. Para los grandes fondos y para los pequeños inversores.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, decidió unilateralmente y para afrontar la grave crisis económica que heredó de Zapatero reducir esas primas al 7%.

Los inversores acudieron en masa entonces a los tribunales de arbitraje para reclamar las correspondientes indemnizaciones por cambiar las reglas del juego a mitad del partido, y de forma unilateral.

El Ciadi ha ido dando la razón a los fondos internacionales -en la mayoría de los casos- y dictó sentencias que condenaban a España a pagar indemnizaciones a los fondos. El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar esas sentencias y buscar el apoyo de la Unión Europea -algo que finalmente ha conseguido, ya que Bruselas lo considera una ayuda de Estado y ha prohibido a España pagar esas indemnizaciones-.

El siguiente paso de los fondos fue acudir a los tribunales ordinarios de fuera de la Unión Europea, que les han ido dando la razón dictando sentencias en contra de España. Reino Unido, Australia y Estados Unidos han decretado sentencias contra España, lo que ha abierto la puerta a embargos de bienes españoles en estos países.