La inhabilitación de Delia Espinoza por diez años marca un nuevo punto crítico en la relación entre el Congreso y el sistema de justicia. La reconsideración que cambió el resultado inicial expone un uso político de las mayorías legislativas.

Más allá de los argumentos de ambas partes, el retroceso en la votación evidencia un Congreso que ejerce su poder sin mecanismos de autocontrol. La rapidez del giro, más que la sanción en sí, genera dudas sobre la motivación real del hemiciclo.

Espinoza afirma que el proceso responde a represalias por investigar a once parlamentarios. El Congreso sostiene que es una respuesta a presuntas infracciones constitucionales. Entre ambas versiones, la ciudadanía observa otro episodio de enfrentamiento entre instituciones debilitadas.

Ahora, el levantamiento

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