El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado este jueves al PSOE que apruebe una prórroga automática de todos los contratos de alquiler que vencerán el próximo año. “Nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas que se ven ante una situación angustiante, que es el vecimiento de su contrato y la necesidad de renegociarlo en unas condiciones que pueden suponer un incremento de un 30, 40 o un 50%”, ha señalado.

Bustinduy ha reclamado a su socio de Gobierno poner en marcha esta “medida sencilla, que se puede aplicar inmediatamente” y que está contenida en un paquete de propuestas que los ministros de Sumar presentó a mediados de octubre, sin acuerdo con el ala socialista del Ejecutivo ni con el Ministerio de Vivienda.

Según un documento interno del Ministerio de Consumo, adelantado por la Cadena Ser , en 2021 se firmaron 632.369 contratos de alquiler que dan techo a 1,6 millones de personas. Los que continúen en vigor deberán ser renovados a lo largo de 2026, lo que obligará a muchos inquilinos a tener que renegociar o buscar una alternativa en un contexto de precios al alza. Según las estimaciones del departamento de Bustinduy, “es un coste acumulado de 1.000 millones de euros para las familias españolas”.

Por ello, desde Sumar han reclamado a su socio de Gobierno “pinchar” la burbuja del alquiler y proteger a las familias españolas y “no los intereses de especulación y rentismo que están haciendo que la crisis de vivienda sea el principal problema de las clases trabajadoras en este país”. “La herramienta está lista y estamos solo a la espera de una respuesta por parte de nuestros socios de Gobierno para poder implementar esta medida”, ha insistido.

Preguntado por el real decreto anunciado por el presidente Pedro Sánchez, y que incluye una ayuda a los propietarios frente a los impagos de alquiler, un aval que el Gobierno ya comprometió a principios de año, a petición de Junts, Bustinduy ha remarcado que la obligación del Ejecutivo debe ser la de “defender a la gente trabajadora en este país”. “Aquí estamos ante un conflicto de intereses: o se protegen los intereses de los inquilinos e inquilinas y las familias trabajadoras, o se blindan los beneficios de una minoría rentista que está extrayendo riqueza de las familias trabajadoras para su propio lucro”, ha señalado.

En cualquier caso, Bustinduy ha apuntado que las medidas que vayan para asegurar condiciones de viabilidad en el mercado del alquiler serán positivas y cuando se anuncien habrá ocasión de poderlas debatir. “La medida más importante, prioritaria y absolutamente urgente es la prórroga de los contratos de las familias trabajadoras en España. Creo que ese es el primer paso que hay que dar”, ha zanjado.