Sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanía democrática de Canarias se concentraron frente a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas para denunciar lo que consideran «una vulneración del Estado de derecho» por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el pasado 20 de noviembre hizo público un fallo condenatorio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sin acompañarlo de la sentencia completa.

Los convocantes, que eligieron el Día de la Constitución para la protesta, aseguran que no se trataba de una celebración sino de «una denuncia pública» ante lo que describen como un precedente «gravísimo»: la existencia de una condena penal sin hechos probados , sin fundamentos jurídicos y sin motivación escrita, más de dos semanas después de hace

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