El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha presentado una demanda contra la ciudad de Nueva York por sus políticas de «ciudad santuario». Esta acción legal fue anunciada el jueves por el Departamento de Justicia, que argumenta que las políticas locales están obstruyendo la aplicación de las leyes federales de inmigración. La demanda se produce días después de que la administración Trump responsabilizara a estas políticas por un tiroteo que involucró a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Manhattan.

Las políticas de «ciudad santuario» limitan la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades migratorias. Según el Departamento de Justicia, estas normativas han permitido que delincuentes indocumentados eviten la detención y la deportación. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó que "la ciudad de Nueva York ha liberado a miles de delincuentes en las calles para que cometan delitos violentos contra ciudadanos respetuosos de la ley".

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha respondido a la demanda indicando que la ciudad revisará el caso. Adams enfatizó que "mantener seguros a los neoyorquinos también significa asegurar que se sientan seguros" y que nadie debería tener miedo de llamar al 911 o enviar a sus hijos a la escuela.

La demanda se inscribe en una serie de acciones legales similares que el Gobierno ha presentado contra otras ciudades y estados con políticas de santuario, incluyendo Los Ángeles, Colorado, Illinois y Nueva Jersey. El Departamento de Justicia sostiene que estas políticas dificultan el trabajo de los agentes de inmigración y generan problemas de seguridad pública.

Desde 1989, las políticas de santuario han sido promovidas por diversas administraciones locales, y fueron ampliadas en 2014 por el entonces alcalde Bill de Blasio. Los defensores de estas políticas argumentan que son esenciales para la seguridad de las comunidades, ya que permiten a los inmigrantes reportar delitos sin temor a ser deportados. Según datos de la New York Immigration Coalition, en los condados con políticas de santuario se cometen 35,5 delitos menos por cada 10.000 personas en comparación con aquellos que no las tienen.