Los servicios de inteligencia militar tienen documentado antes del inicio del sexenio López Obrador y durante su gestión, cómo las organizaciones criminales como La Familia Michoacana (LFM) obligan a presidentes municipales en su área de dominio a pagar “cuota” como parte del “impuesto” por dejarlos administrar y prestar servicios. El caso de la Tierra Caliente en el sur del Estado de México, donde hace un par de semanas se realizó la “Operación Liberación” en 14 municipios donde se detuvo a ocho personas y desmanteló una red financiera, no son los únicos. En la misma región, pero en los municipios del estado de Guerrero, los casos se multiplican y son similares por el control que tienen de policías municipales, el comercio, las cadenas de producción y distribución de bienes, espectáculos

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