Este viernes, una jueza federal suspendió el intento del Gobierno de Trump de acelerar la deportación de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través de programas de “parole” (o autorizaciones de permanencia humanitaria), lo que representa una victoria para los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que argumentaban que la política era ilegal y peligrosa.

El fallo impide temporalmente que el Gobierno deporte a personas a quienes se les concedió “parole” en los puertos de entrada y que posteriormente fueron detenidas —a menudo sin previo aviso y, en algunos casos, tras comparecer ante tribunales de inmigración— a pesar de tener documentos válidos, empleos u otras formas de alivio pendientes.

“En un mundo de malas opciones, actuaron conforme a las reglas”,

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