El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una orden al Pentágono para atacar a los cárteles de la droga, que su administración ha clasificado como organizaciones terroristas. Esta decisión, reportada por diversas fuentes, establece una base oficial para llevar a cabo operaciones militares tanto en el mar como en territorio extranjero contra estos grupos.

Según el informe, los oficiales militares estadounidenses han comenzado a desarrollar opciones para perseguir a los cárteles. Sin embargo, esta orden plantea importantes cuestiones legales. Se cuestiona si las acciones de las fuerzas armadas podrían considerarse "asesinato" si resultan en la muerte de civiles, incluidos presuntos delincuentes, que no representen una amenaza inminente.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que "la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria", lo que justifica la decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación permite a Estados Unidos utilizar diferentes elementos de su poder, incluyendo agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa, para atacar a estos grupos cuando se presente la oportunidad.

En febrero, el Departamento de Estado ya había designado al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a otras organizaciones como terroristas extranjeros, argumentando que representan una amenaza a la seguridad nacional que va más allá del crimen organizado tradicional. Marco Rubio, secretario de Estado, enfatizó que es necesario tratar a estos cárteles como "organizaciones terroristas armadas" y no simplemente como grupos de narcotráfico.

El informe también señala que existen restricciones legales internas. La autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar contra Al-Qaeda, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, no se extiende a todos los grupos que el poder ejecutivo califica de terroristas. Esto implica que cualquier acción militar contra los cárteles tendría que basarse en la afirmación de la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, posiblemente en respuesta a la crisis de sobredosis de fentanilo.

No está claro qué opinan los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre esta nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión que evalúe los aspectos legales de esta acción.