La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de aumentar la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ha reavivado el debate sobre la política estadounidense hacia Venezuela, y ha puesto en evidencia lo que muchos críticos consideran un doble rasero en su enfoque hacia los gobiernos latinoamericanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos incrementó la recompensa de hasta $15 millones, ofreciendo una suma aún mayor por detalles que ayuden a ubicar a Maduro, quien enfrenta acusaciones de narcotráfico y violaciones a los derechos humanos en su país. Esta medida, que forma parte de los esfuerzos de Washington para presionar al régimen venezolano, ha sido vista por algunos como un acto de justicia para llevar a Maduro ante la