La inminente renovación del Tribunal Constitucional ha despertado recelos internos ante el plan de que Inmaculada Montalbán , actual vicepresidenta y condecorada por el ex presidente andaluz José Antonio Griñán , aspire a la presidencia tras la salida de Cándido Conde-Pumpido en diciembre.

Las suspicacias han cobrado fuerza después de que Montalbán haya sido la ponente de las decisiones más controvertidas , como la que avala la Ley de Amnistía y la anulación parcial de las condenas del caso de los ERE . Fuentes del alto tribunal confirman la existencia de « cierto malestar » por lo que algunos magistrados consideran una deriva « excesivamente política » de la institución.

El presidente Conde-Pumpido ha comunicado oficialmente al Senado que su mandato caduca en diciembre junto al de otros tres magistrados: María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías –aunque este último podrá renovar–. La misiva fue remitida a la Cámara Alta la última semana de julio , según confirmaron fuentes jurídicas.

Esta renovación podría alterar la actual composición de siete izquierdistas frente a cinco del bloque minoritario y contrario al Gobierno actual. La elección de los sustitutos corresponderá al Senado por mayoría de tres quintos. No obstante, el PP tendrá que pactar con el PSOE o con partidos independentistas porque ni con Vox y UPN tiene la mayoría de tres quintos.

La vicepresidenta Montalbán

La figura de Inmaculada Montalbán concentra las principales inquietudes . La magistrada granadina fue premiada con la Medalla de Andalucía por José Antonio Griñán, precisamente uno de los condenados en el caso de los ERE cuyo recurso de amparo ella misma ha respaldado desde su posición de ponente.

Griñán se deshizo en elogios hacia Montalbán firmando cuando estaba en el poder de la Junta andaluza un texto en el que destacó la trayectoria pionera de la magistrada. La vicepresidenta recogió esta distinción diciendo que se sentía entusiasmada , según consta en los documentos oficiales de la ceremonia.

Su ponencia sobre la Ley de Amnistía ha generado especial controversia al sostener que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente». Esta interpretación laxa ha sido criticada por algunos sectores que la consideran un ejercicio de «activismo judicial».

La actual mayoría del Constitucional incluye a varios magistrados con vínculos directos al PSOE . Por su parte, María Luisa Balaguer reconoció ante el Senado su militancia en las filas socialistas , mientras que Juan Carlos Campo fue ex ministro de Justicia con el PSOE de Pedro Sánchez. Laura Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia bajo el mandato de Pedro Sánchez.

Además, el propio Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y fundador de la asociación de izquierdas Jueces y Juezas para la Democracia.

El Tribunal Constitucional se renueva «por tercios cada tres años» según establece la Constitución, aunque en esta ocasión se produce una renovación excepcional por cuartos debido a los retrasos acumulados en anteriores procesos de designación.

La última gran renovación se produjo en 2023 , cuando la antigua mayoría dio un vuelco a una holgada mayoría izquierdista y afín al Ejecutivo de PSOE y Sumar. Aquella transformación marcó el inicio de las decisiones más polémicas del tribunal bajo la presidencia de Conde-Pumpido.

Los nombramientos de presidente y vicepresidente supusieron la ruptura de la norma no escrita que se había aplicado durante los últimos años, según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario.

El PP ha denunciado la « degradación» institucional y considera «inaudito» que tribunales españoles tengan que recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para contrarrestar decisiones del Constitucional , como ha ocurrido con el caso ERE.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE para «evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura» tras las sentencias absolutorias del Constitucional sobre los ERE.

La Junta de Andalucía, a través de su consejera portavoz Carolina España, ha manifestado que la actuación de la Audiencia sevillana «viene a corroborar» que Conde-Pumpido «se extralimitó en sus funciones».

La proximidad de la renovación convierte al Constitucional en el epicentro de una batalla sin precedentes . La posible presidencia de Montalbán representa para algunos la culminación de una metamorfosis institucional que ha transformado el tribunal en una instancia de última apelación para las decisiones más delicadas del Gobierno de Sánchez.

Los próximos meses determinarán si esta institución, antaño venerada por su ecuanimidad y trabajo por los débiles , logrará recuperar el prestigio perdido o si, por el contrario, consolidará su deriva hacia un activismo que podría comprometer definitivamente su legitimidad constitucional.