Las tensiones entre Colombia y Perú se intensifican tras la detención de dos topógrafos colombianos en la isla Santa Rosa de Loreto, un territorio en disputa. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino el 12 de agosto cuando los ciudadanos colombianos realizaban trabajos de topografía sin la autorización necesaria. Según reportes, los detenidos estaban utilizando equipos de GPS para llevar a cabo mediciones para una constructora, pero no pudieron confirmar la institución para la que trabajaban.
Los transportistas fluviales alertaron a las autoridades sobre la presencia de los extranjeros, quienes se encontraban en una zona considerada sensible por su cercanía a la frontera. A pesar de que los colombianos afirmaron que estaban realizando un trabajo técnico, se negaron a ofrecer detalles a los medios, indicando que solo hablarían con oficiales.
La isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, ha sido objeto de disputas desde que emergió en 1970 debido a cambios naturales en el cauce del río. Este territorio no fue contemplado en los tratados fronterizos originales, lo que ha generado desacuerdos sobre su soberanía. Mientras Colombia sostiene que la isla es un nuevo territorio, Perú la considera parte de su departamento de Loreto.
El presidente colombiano Gustavo Petro ha acusado a Perú de ocupar un territorio que considera colombiano, lo que ha llevado a un aumento de la tensión diplomática. En respuesta, el gobierno peruano ha reforzado su presencia en la isla, colocando banderas y enviando efectivos militares para reafirmar su soberanía.
Las autoridades peruanas han iniciado una investigación preliminar para determinar si los topógrafos ingresaron al país por un punto de control autorizado y si sus actividades estaban relacionadas con posibles implicaciones estratégicas. En caso de confirmarse irregularidades, podrían enfrentar procesos legales.
La situación se complica aún más por incidentes recientes, como el sobrevuelo de un avión militar colombiano en espacio aéreo peruano y la izada de una bandera colombiana en la isla, lo que ha generado preocupación entre las autoridades peruanas. El gobierno de Perú ha reiterado que cualquier actividad técnica en su jurisdicción debe contar con los permisos correspondientes, independientemente de la nacionalidad de quienes las realicen.