El presidente Donald Trump ha anunciado que las personas sin hogar en Washington D.C. serán trasladadas lejos de la ciudad. Esta medida forma parte de su estrategia federal para controlar la seguridad en el Distrito de Columbia y su enfoque en la lucha contra el crimen. Sin embargo, los detalles de estos planes aún son inciertos, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos de las personas sin hogar y otros sectores que consideran que existen mejores alternativas para abordar la falta de vivienda.

Según la alcaldesa Muriel Bowser, el conteo de 2025 registró un total de 5.138 personas sin hogar en el distrito, lo que representa una disminución del 9% en comparación con el año anterior. Trump, a través de su red social, afirmó que "los sin hogar tienen que mudarse, de inmediato. Les daremos lugares donde quedarse, pero lejos de la capital". La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la policía local y las agencias federales aplicarán las leyes existentes, que, según ella, han sido ignoradas. Las personas sin hogar recibirán opciones para abandonar sus campamentos, ser trasladadas a refugios o acceder a servicios de salud mental y adicción. Aquellos que se nieguen podrían enfrentar multas o incluso cárcel.

En los últimos meses, la Policía de Parques de EE.UU. ha desmantelado 70 campamentos, ofreciendo las mismas opciones a sus ocupantes. Hasta el momento, solo quedan dos campamentos en parques del distrito, que serán retirados esta semana. En respuesta a la situación, funcionarios del distrito han comenzado a habilitar más espacio en refugios. Kevin Donahue, administrador de la ciudad, indicó que se están realizando visitas a los campamentos y que hay un edificio disponible para albergar hasta 200 personas si es necesario.

Los residentes de Washington han expresado su preocupación por la intervención federal. Jeraod Tyre, un residente de 15 años en la ciudad, comentó que "el crimen ha disminuido últimamente" y advirtió que la presencia de fuerzas federales podría aumentar las tensiones, ya que no tienen la misma relación con la comunidad que la policía local. Sheiena Taylor, de 36 años, también expresó su temor ante la creciente presencia de agentes federales, señalando que "ser una persona sin hogar no es un delito" y abogando por soluciones a las causas de la falta de vivienda.

Aún quedan muchas preguntas sin respuesta, como qué agencias serán responsables del traslado de las personas sin hogar y cómo se les proporcionará alojamiento y atención en los nuevos lugares. Algunos defensores han planteado dudas sobre la legalidad de expulsar por la fuerza a personas sin hogar de la ciudad.