Auditorías a la Fundación Hospital San José de Buga (Valle del Cauca) advirtieron inconsistencias en el recobro de dineros por la atención de pacientes en accidentes de tránsito. Fueron identificadas peticiones hechas por un intermediario del centro asistencial que generaban inquietud sobre la verdadera ocurrencia de los siniestros, pero fueron tramitadas y los recursos desembolsados por el entonces Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga).

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, asumió las investigaciones del orden penal por este caso y obtuvo pruebas suficientes que dan cuenta de irregularidades ocurridas entre 2015 y 2017.

Se conoció que Guillermo Gonzalo Peña Aponte, representante legal de una empresa de asesorías integrales

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