La investigación judicial en curso sobre las presuntas irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha incorporado en los últimos días una nueva línea de indagación centrada en la figura de Cristina Álvarez , directora de Programas de la Presidencia del Gobierno .

Según ha publicado OKDIARIO , Álvarez — funcionaria adscrita a La Moncloa y pagada con fondos públicos — habría asumido un papel activo en la organización, promoción y logística de actividades estrictamente privadas de Gómez, en el ámbito de su cátedra universitaria y otros programas vinculados a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) .

Posando en eventos privados y actuando como colaboradora universitaria

Uno de los episodios documentados por los investigadores se remonta a junio de 2022 , cuando ambas participaron en el XX Congreso de la Asociación Española de Fundraising , celebrado en Madrid. Durante ese evento, Begoña Gómez impartió un taller como directora de una cátedra en la UCM , centrado en la "Transformación Social Competitiva" y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la captación de fondos por parte de ONG y empresas sociales.

En dicho acto, la directora de Programas de Presidencia, Cristina Álvarez , no solo asistió , sino que además posó junto a Gómez y el resto de participantes , contribuyendo a la promoción institucional de una actividad de carácter privado .

Funciones no reconocidas oficialmente

De acuerdo con las propias declaraciones de Álvarez ante el juez Juan Carlos Peinado , esta gestionaba tanto la agenda pública como la privada de la esposa del presidente del Gobierno. Esta revelación ha sido clave para que el magistrado eleve exposición razonada al Tribunal Supremo , solicitando la investigación del actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños , por un posible delito de malversación , dado que fue él quien ordenó la contratación de Álvarez en 2018 , cuando ocupaba el cargo de secretario general de Presidencia.

En un escrito remitido al juez, Presidencia del Gobierno ha reconocido implícitamente que Cristina Álvarez no estaba autorizada a realizar tareas de asistencia personal o promoción de actividades privadas de Gómez. Textualmente, el documento indica que "los puestos de trabajo en la Administración General del Estado no tienen normativamente funciones asociadas de forma directa" y que las funciones de Álvarez son "las propias del centro directivo y la unidad a la que se adscribe el puesto de trabajo" . En ninguna parte se mencionan tareas de asesoría, secretaría personal ni funciones universitarias .

Comunicaciones con patrocinadores y correos clave

El juez Peinado también ha solicitado el registro completo de llamadas de Cristina Álvarez con empresas e instituciones patrocinadoras de la cátedra dirigida por Gómez, desde su contratación en La Moncloa el 16 de julio de 2018 . Entre las entidades investigadas figuran la OMT , Google Spain , Indra , Fundación Manpower , Reale Seguros , Telefónica , Fundación La Caixa , Arsys Internet , entre otras.

El magistrado dispone además de correos electrónicos comprometedores . En uno de ellos, Álvarez agradece a responsables de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM la reunión mantenida, y se interesa por los trámites para patentar la marca de la cátedra. En otro correo, dirigido a Reale Seguros , se presenta como colaboradora de la cátedra , y transmite en nombre de Begoña Gómez el deseo de mantener el patrocinio, incluso con una cuantía reducida.

Una relación personal de largo recorrido

Cristina Álvarez fue incorporada a La Moncloa en el verano de 2018 , apenas un mes después de que Sánchez alcanzase la presidencia del Gobierno tras la moción de censura. La propia Begoña Gómez, con quien mantenía una relación profesional previa desde su etapa en la consultora Inmark , la llamó directamente para ofrecerle un puesto de confianza . No hubo concurso público, ni entrevista, ni evaluación técnica previa .

Desde entonces, ha ejercido de facto como asistente personal , coordinadora de agenda y enlace con empresas, patrocinadores y entidades académicas, siempre en el entorno profesional de Begoña Gómez.

Dimensión judicial y repercusiones políticas

El ‘caso Begoña’ ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en un problema judicial con proyección institucional . La posible utilización de recursos públicos para fines privados , especialmente cuando se trata del entorno familiar directo del presidente del Gobierno, plantea serias implicaciones legales y éticas .

El hecho de que una empleada pública asignada a Presidencia haya actuado como colaboradora de una cátedra universitaria dirigida por la esposa del jefe del Ejecutivo abre un abanico de interrogantes sobre el conflicto de intereses, la malversación y la opacidad administrativa .

En paralelo, los grupos de la oposición —especialmente el Partido Popular y Vox — han solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno y del ministro Bolaños para explicar estos hechos. Algunos dirigentes han reclamado incluso la apertura de una comisión de investigación parlamentaria .