El Tribunal Constitucional (TC) tomó una decisión que marca un antes y un después en la relación de poderes: declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo y ordenó que se suspendan todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su gestión en julio de 2026.

De esta forma, procesos sensibles como las muertes ocurridas durante las protestas, el llamado ‘caso Rolex’ o el ‘caso cofre’, deberán esperar hasta que Boluarte deje el cargo. La sentencia precisa que los expedientes no se anulan, sino que se “congelan” hasta que la mandataria termine su mandato.

El magistrado Pedro Hernández Chávez fue el encargado de elaborar el informe aprobado por el pleno del TC. En sus argumentos, sostuvo que las pesquisas fiscales y la

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