Alligator Alcatraz, un nuevo centro de detención en los Everglades de Florida, ha generado un intenso debate sobre quién lo dirige. Desde su apertura a principios de verano, inmigrantes detenidos, defensores de sus derechos y jueces federales han cuestionado la responsabilidad de la instalación. Esta incertidumbre es crucial en el contexto de una batalla legal que podría determinar el futuro del centro.

Las autoridades estatales y federales han presentado Alligator Alcatraz como parte de los esfuerzos de la administración de Trump para combatir la inmigración ilegal. Florida sostiene que opera el centro bajo acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, en la práctica, las autoridades federales afirman que el estado tiene el control total sobre las operaciones diarias y las decisiones sobre los detenidos.

La confusión sobre la responsabilidad ha llevado a críticas sobre la falta de rendición de cuentas. Thomas Kennedy, consultor de la Coalición de Inmigrantes de Florida, expresó: "Simplemente lo eludieron por completo al decir que esto es administrado por el estado". Grupos ambientalistas han presentado una demanda federal para bloquear las operaciones del centro, argumentando que debería aplicarse la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige un análisis del impacto ambiental antes de cualquier acción federal importante.

El juez federal Rodolfo A. Ruiz II ha señalado la confusión sobre quién dirige Alligator Alcatraz, preguntando: "¿Quién hace qué en estas instalaciones?". La jueza Kathleen Williams, que está a cargo del caso ambiental, podría emitir una orden que afecte la continuidad del centro. Si decide a favor de los demandantes, Alligator Alcatraz podría cerrar.

Además, la falta de claridad sobre la gestión del centro ha dificultado que los familiares de los detenidos obtengan información sobre sus seres queridos. Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del ICE, indicó que Alligator Alcatraz no aparece en el sitio web del ICE, lo que genera confusión y frustración. Los familiares han reportado dificultades para confirmar si sus seres queridos están detenidos allí.

Carlos González, un inmigrante mexicano que estuvo en Alligator Alcatraz, describió las duras condiciones de vida, incluyendo el hacinamiento y la escasez de alimentos. En respuesta, el estado de Florida ha defendido las condiciones del centro, calificándolas de "buenas" y rechazando las acusaciones de inhumanidad. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, también ha desestimado las críticas, afirmando que el centro está gestionado adecuadamente por el estado.

Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la confusión sobre la gestión del centro tiene consecuencias graves. Nery López, de la Red de Vigilancia de las Detenciones, subrayó la necesidad de rendición de cuentas, afirmando: "No sabemos a quién exigir responsabilidades". La situación en Alligator Alcatraz sigue siendo un tema candente, con implicaciones legales y humanitarias en juego.