El Ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, ha afirmado que las posibilidades de extradición de Carlos Ramón González desde Nicaragua son "muy amplias". Esta declaración se produce tras la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno colombiano, luego de que la Fiscalía imputara a González por su presunta participación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González, exdirector del Partido Verde y del Departamento Administrativo de la Presidencia, es señalado por la Fiscalía como el líder que gestionó el pago de sobornos millonarios con recursos de la UNGRD para asegurar apoyo político. Montealegre explicó que la solicitud de extradición cumple con todos los requisitos del tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, firmado en 1929. "El delito por el cual está siendo investigado en Colombia también es delito en Nicaragua, por lo que se satisface el principio de la doble incriminación", indicó el Ministro.

La situación de González se complica debido a su reciente renovación de residencia en Nicaragua, justo el día en que la Fiscalía lo imputó. Esto ha generado dudas sobre si el régimen de Daniel Ortega podría obstaculizar su extradición. Montealegre subrayó que, según el tratado, la extradición solo puede ser negada en casos de delitos políticos o si no se cumple con el principio de la doble incriminación.

El exfuncionario es requerido en Colombia por cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros. La Cancillería y la Embajada de Colombia en Managua están en constante seguimiento del caso, solicitando celeridad en el proceso. Sin embargo, Montealegre advirtió que los plazos y procedimientos dependen del derecho interno de Nicaragua, lo que podría influir en la rapidez de la decisión.

La situación de Carlos Ramón González ha generado controversia en Colombia, especialmente entre sectores de oposición que sugieren que su residencia en Nicaragua podría ser una estrategia para evadir la justicia. La presión sobre el gobierno colombiano aumenta, ya que un juez de control de garantías emitió una orden de captura en su contra en julio de este año.