Luego que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, dejando la puerta abierta para la vigencia de esta ley ante los buenos números que tiene la oposición en el Senado, el Gobierno anunció la judicialización de esta iniciativa con el argumento que su implementación violaría la ley de Administración Financiera al tiempo que celebró el blindaje a la anulación presidencial de la mejora a las jubilaciones.

En el Ejecutivo cuestionaron la movida opositora que intentó, según su mirada, romper el norte de esta administración, esto es, el cuidado del equilibrio fiscal. Pero consciente del impacto en la sociedad de las necesidades de los discapacitados, este miércoles enarboló una estrategia a dos bandas: deslizó una reasignación de partidas para asi

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