El Gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis tras el rechazo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca regularizar pagos y actualizar aranceles para este sector. Por primera vez, la oposición logró voltear un veto presidencial, lo que ha llevado a la Casa Rosada a diseñar una estrategia judicial para evitar la implementación de la norma.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado un posible aumento en las prestaciones para personas con discapacidad, financiado por ahorros derivados de auditorías de pensiones. Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada indican que este anuncio fue un "último recurso" para intentar convencer a algunos diputados, aunque el "partido ya estaba jugado".

La judicialización de la ley se prevé una vez que pase por el Senado. Milei ya había anticipado que, si el veto es rechazado, lo judicializará, argumentando que no tendrá efecto en el gasto público. Las posibles vías legales incluyen alegar la ilegalidad de la sesión del Senado o denunciar que la ley impone una normativa sin las fuentes de financiamiento necesarias.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la ley podría tener un impacto fiscal de entre el 0,25% y el 0,45% del PIB. El Gobierno está dispuesto a incrementar algunas partidas, pero siempre bajo la restricción presupuestaria. Además, se evalúa dar de baja a beneficiarios de "Incluir Salud" para reasignar esos fondos.

Los ministros Mario Lugones y Guillermo Francos, junto a otros funcionarios, han mantenido reuniones para acordar que el Presidente no implemente aumentos regidos por la ley y se excuse a través de la vía judicial.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia nacional en esta materia hasta el 31 de diciembre de 2027, garantizando los derechos de las personas con discapacidad según la Convención sobre sus Derechos. La normativa incluye financiamiento de pensiones, regularización de prestadores y actualización automática de aranceles, alejándose del modelo asistencialista.

El Gobierno también evalúa acudir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos a otras iniciativas, como el aumento jubilatorio y la moratoria previsional. La estrategia legal está bajo la dirección de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien coordina con otros funcionarios para dilatar la aplicación de la ley.

Desde la Casa Rosada, se rechaza que el veto haya validado la sesión y se asegura que no se promulgarán las leyes, manteniendo la intención de recortar pensiones y evitar gastos adicionales.