Diego Spagnuolo, Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha decidido presentar su renuncia tras la difusión de audios comprometedores. En estos registros, Spagnuolo menciona el pago de coimas por parte de una empresa vinculada a Martín Menem. Las grabaciones revelan maniobras irregulares y prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios relacionados.

Los audios fueron emitidos en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. En ellos, se expone cómo operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras para facilitar contratos con el Estado. Spagnuolo, en uno de los audios, expresa: “A mí me están defalcando la agencia”, refiriéndose a la participación de un funcionario de la gestión anterior de Mauricio Macri, quien habría tomado el control financiero del organismo.

El contenido de los audios sugiere que los operadores actuaban fuera del círculo de confianza de Spagnuolo. En una de sus declaraciones, describe la situación: “Van a pedirle guita a los prestadores”, indicando que estos pedidos de dinero a las empresas farmacéuticas eran un costo extra no regulado, necesario para asegurar la firma de convenios y el acceso a servicios públicos esenciales.

Una de las empresas mencionadas es Droguería Suizo Argentina, estrechamente vinculada a Martín Menem y con una fuerte presencia en el norte del país. Según Spagnuolo, este mecanismo permitía a la droguería actuar como intermediaria privilegiada, con la capacidad de definir condiciones y precios ante los proveedores locales. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, detalla en los audios.

La situación ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social, y se espera que continúen las investigaciones sobre estas prácticas irregulares. La renuncia de Spagnuolo marca un punto crítico en la gestión de ANDIS y plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la administración pública.