El juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner avanza hacia su desenlace. Este miércoles, la fiscal Gabriela Baigún solicitó 19 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 14 años y 2 meses para Brenda Uliarte. La fiscalía no presentó acusación contra Nicolás Carrizo, quien fue excarcelado y deberá continuar el proceso en libertad.

El ataque, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, fue calificado como "tentativa de homicidio con alevosía". Baigún argumentó que el hecho fue planificado por ambos acusados, quienes estuvieron juntos durante el día previo al atentado. La fiscal mostró pruebas, incluyendo videos de seguridad que documentaron sus movimientos por Buenos Aires, y destacó la "tranquilidad" con la que se desplazaban, a pesar de sus intenciones criminales.

"Esto es para que vean la tranquilidad que hay en sus rostros, sabiendo lo que iban a hacer a la noche", afirmó Baigún. La fiscal también presentó chats entre Sabag y Uliarte, donde discutían la posibilidad de un ataque, mencionando frases como "Hace falta un francotirador" y "Hay que darle un corchazo".

La fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), argumentó que el ataque debe ser considerado como "tentativa de femicidio". Labozzetta subrayó el contexto de violencia política y de género que rodeó el atentado, citando otros casos de agresiones a mujeres en la política en la región.

Baigún también enfatizó que el ataque no fue resultado de un déficit de custodia, sino de la forma sorpresiva en que se llevó a cabo. La fiscalía unificó la pena de Sabag Montiel, quien ya tenía una condena previa de cuatro años por delitos relacionados con pornografía infantil, sumando un total de 19 años.

El tribunal, compuesto por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, escuchará los alegatos finales y se espera un cuarto intermedio hasta el 10 de septiembre. La defensa de Cristina Kirchner había solicitado previamente 15 años de prisión para ambos acusados.

El caso ha generado un intenso debate sobre la violencia de género en la política y la seguridad de las figuras públicas. La fiscalía ha presentado un sólido caso, pero la decisión final recae en el tribunal.