En la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani ha solicitado la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados. Este pedido se enmarca en la etapa de cumplimiento de la sentencia que impuso un decomiso de $684.990.350.139,86, cifra que representa el perjuicio ocasionado al Estado por la defraudación en la obra pública en Santa Cruz.

El planteo fue presentado en un escrito de 21 páginas, firmado también por el fiscal Sergio Mola. En este documento, los fiscales respondieron a las impugnaciones de la exmandataria, quien había alegado nulidades y cuestionado la competencia del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) para ejecutar el decomiso. La defensa de Kirchner argumentó que el mismo tribunal que la condenó no debería ser el encargado de avanzar en esta etapa de ejecución.

Luciani refutó este argumento, afirmando que "no corresponde hacer lugar al planteo de incompetencia" y que se debe proceder de inmediato a la ejecución de los bienes de los condenados. En su presentación, destacó que el fallo ya es firme en cuanto al decomiso y que las intimaciones del tribunal deben hacerse efectivas sin más dilaciones.

Los fiscales subrayaron que durante el juicio se demostró la existencia de una de las matrices de corrupción más extraordinarias en la historia argentina, lo que generó un "perjuicio inconmensurable" para las arcas del Estado. En este sentido, enfatizaron que la magnitud del daño exige que el decomiso se concrete con celeridad.

El pedido de ejecución está ahora bajo análisis de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes integran el TOF 2. Antes de tomar una decisión sobre la ejecución patrimonial, los magistrados habían solicitado la opinión de la fiscalía, lo que llevó a la presentación de Luciani y Mola.

La causa Vialidad culminó en diciembre de 2022 con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque la sentencia aún debe ser revisada en instancias superiores, el decomiso de bienes y la reparación económica ordenada en el fallo ya están vigentes y pueden ser ejecutados de inmediato. Si prospera el planteo de Luciani, la Justicia avanzará en el embargo y ejecución patrimonial de Kirchner y otros condenados, lo que implicaría el decomiso de activos por miles de millones de pesos.