La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que mantenga al expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, donde cumple cinco meses de prisión preventiva. Esta petición surge tras la decisión del INPE de anular la clasificación inicial que determinó su internamiento en dicho establecimiento. En un comunicado, la Defensoría expresó su "profunda preocupación" por esta medida, que podría cambiar la ubicación de Vizcarra y afectar sus condiciones de detención.

La institución recordó que el penal de Barbadillo fue asignado a expresidentes por "objetivas razones de seguridad", según la normativa vigente. En este sentido, la Defensoría enfatizó que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con igualdad, dignidad y sin discriminación. Además, subrayó que las decisiones sobre la ubicación de los internos deben ser aplicadas con criterios objetivos y uniformes, especialmente en el caso de exmandatarios.

La normativa establece que, ante situaciones no previstas, el Consejo Técnico Penitenciario o la Subdirección de Tratamiento de las Oficinas Regionales pueden adoptar medidas, siempre que se comuniquen a la Dirección de Tratamiento Penitenciario. La Defensoría insistió en que la prisión preventiva de Vizcarra debe seguir un criterio similar al de otros expresidentes, rechazando cualquier medida que implique un trato desigual que pueda poner en riesgo su vida o integridad.

Asimismo, la Defensoría exhortó al INPE a confirmar la permanencia de Vizcarra en Barbadillo, destacando que el respeto a la igualdad ante la ley es fundamental en el orden constitucional. La institución también se comprometió a seguir vigilante sobre el caso, asegurando que las decisiones del INPE se ajusten a la normativa penitenciaria y no sean arbitrarias.

Por su parte, el jefe del INPE, Iván Paredes, aclaró que la permanencia de Vizcarra en Barbadillo no está garantizada. Paredes explicó que la institución anuló la decisión inicial de la Junta de Clasificación y formó una nueva comisión para determinar el penal adecuado para el expresidente. Según Paredes, la clasificación debe basarse en criterios normativos y técnicos, y no solo en su condición de expresidente.

El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, criticó la posibilidad de un traslado a un penal común, afirmando que ya tienen preparadas acciones legales para impugnar esta decisión. Siccha destacó que no hay justificación para tratar a Vizcarra de manera diferente a otros exmandatarios y responsabilizó a las autoridades del INPE si su cliente sufre algún riesgo en caso de ser trasladado.