GOMA, República Democrática de Congo (AP) — El fiscal de República Democrática de Congo solicitó el viernes la pena de muerte para el expresidente Joseph Kabila, quien está siendo juzgado en ausencia en un caso de traición que incluye cargos de crímenes de guerra relacionados con sus vínculos con el grupo rebelde M23.

Kabila, que dirigió el país entre 2001 y 2019, está siendo juzgado desde julio por presuntos crímenes de guerra, asesinato y violación. Asumió el cargo a los 29 años, después del asesinto de su padre, el expresidente Laurent Kabila, y extendió su mandato al retrasar las elecciones durante dos años después del final de su mandato en 2017.

El gobierno congoleño lo acusa de apoyar a los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, que han tomado importantes ciudades y pueblos en el este del país en los últimos meses.

Kabila estuvo en un exilio autoimpuesto desde 2023 hasta abril, cuando llegó a la ciudad de Goma, controlada por los rebeldes, tras su captura en una rápida ofensiva rebelde.

Sus partidarios dicen que el juicio tiene motivaciones políticas. La inmunidad presidencial de Kabila fue revocada en mayo. Su paradero actual se desconoce.

En la vista del viernes, el general Lucien René Likulia, representante de la fiscalía, solicitó, además de la pena de muerte, una sentencia de 20 años por presunta complicidad de Kabila en crímenes de guerra y 15 años más por conspiración. El general no detalló esos cargos ni explicó a qué se referían.

Aún no se ha fijado una fecha para el anuncio del veredicto.

El presidente del país, Félix Tshisekedi, acusó el año pasado a Kabila de respaldar a los rebeldes y de “preparar una insurrección” con ellos, algo que Kabila niega.

Ferdinand Kambere, que fungió como ministro bajo el mandato de Kabila y ahora es el jefe de su partido, el PPRD, dijo que la revocación de la inmunidad de Kabila como senador vitalicio fue el inicio de la campaña en su contra.

“Lo que vimos fue realmente una vergüenza para la República”, dijo Kambere a The Associated Press por teléfono.

Henry-Pacifique Mayala, investigador y coordinador de Kivu Security Tracker, dijo a la AP que las demandas de la fiscalía parecen ser “más una sesión de ajuste de cuentas que una búsqueda de la verdad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa