En la región de la Cuenca Alta del Río Laja, en Guanajuato, la escasez de agua potable se ha convertido en una crisis alarmante. Este segundo sábado de julio, los habitantes de la comunidad Guerrero, en San Miguel de Allende, enfrentan la inminente llegada de la pipa de agua, que no llegará hasta el lunes. Las cinco familias que residen en esta zona árida dependen del suministro gratuito de agua subterránea, que contiene arsénico y fluoruro, elementos nocivos para la salud en altas concentraciones.

Graciela Hernández, de 52 años, es una de las afectadas. Ella y su familia utilizan esta agua para beber, cocinar y alimentar a sus animales. Sin embargo, el impacto de esta agua contaminada es evidente en su salud dental. Graciela presenta fluorosis dental, un trastorno que provoca manchas marrones en los dientes y que puede llevar a daños estructurales y caries. "Oímos que viene la pipa y bien gustosos la recibimos: ‘¡ahí viene la pipa, ahí viene la pipa!’. Porque a los ocho días ya no me queda agua. Así como llega, uno se la bebe", comenta Graciela.

Los estudios realizados a los pozos de agua en los siete municipios de la región revelan que 81 de los 117 pozos analizados han superado los niveles seguros de arsénico y fluoruro al menos una vez en la última década. La sobreexplotación de la cuenca ha llevado a que se extraiga más agua de la que puede recargarse naturalmente. Esto ha resultado en un suministro de agua que proviene de pozos cada vez más profundos, muchos de los cuales contienen agua con miles de años de antigüedad.

Investigaciones del doctor Marcos Adrián Ortega, académico del Instituto de Geociencias de la UNAM, indican que varios pozos en la región duplican los niveles seguros de contaminantes. En San Diego de la Unión, por ejemplo, el pozo Tampiquito presenta seis veces más arsénico de lo permitido. En la comunidad de Ex-Hacienda de Jesús, el pozo homónimo tiene niveles de fluoruro de 12.4 miligramos por litro, cuando la OMS establece que el límite debe ser de 1.5.

La situación es crítica, y los municipios afectados, como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz, deben enfrentar la realidad de un agua contaminada que pone en riesgo la salud de sus habitantes. La falta de información actualizada sobre la calidad del agua agrava aún más la crisis, dejando a las comunidades vulnerables y sin alternativas seguras para el abastecimiento de agua.