Los alcaldes y gobernadores de Colombia enfrentan una grave amenaza. La organización criminal conocida como el Tren del Llano ha llegado al país con intenciones de asesinar a mandatarios locales. Este grupo, de origen venezolano, se ha posicionado como el segundo más peligroso en el territorio, justo antes de las elecciones para el Congreso y la Presidencia. Las autoridades han emitido una alerta máxima ante esta situación.

El Tren del Llano, fundado en 2008, comenzó con delitos menores como el robo de vehículos, pero ha evolucionado hacia crímenes más violentos. Este año, se identificó su presencia en Colombia, donde se ha aliado con el Tren de Aragua. Según un funcionario que investiga a estos delincuentes, el grupo ofrece servicios de venta de armamento y sicariato, incluyendo el asesinato de alcaldes y gobernadores por un precio de 10.000 dólares.

Recientemente, tres miembros del Tren del Llano fueron capturados en Envigado mientras planeaban actividades delictivas. Las investigaciones indican que estos individuos están vinculados a homicidios, secuestros y extorsiones, especialmente en el sector ganadero y agrícola de Venezuela. La preocupación radica en que ya habrían comenzado a ejecutar sus primeros "servicios" en Colombia.

Además del Tren del Llano, otras organizaciones criminales también están amenazando a los políticos locales. El Ministerio de Defensa ha recibido informes sobre disidencias de las Farc que están ofreciendo dinero para asesinar a alcaldes y gobernadores. Por ejemplo, se ha confirmado que alias Iván Mordisco ha ordenado el asesinato del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Las fuerzas de seguridad lograron prevenir estos ataques a tiempo.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, también ha recibido amenazas de muerte. La fuerza pública le ha informado sobre planes para asesinarlo a él y a su esposa, lo que ha sido corroborado por mensajes anónimos. Acevedo ha declarado: "Me quieren matar. Yo tengo una seguridad muy robusta. Seguimos trabajando por la ciudad".

La inteligencia militar ha detectado que el frente 36 de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá, planea atacar al gobernador Andrés Julián Rendón. Este gobernador ha sido informado sobre la posible acción terrorista en Medellín. Asimismo, el alcalde Federico Gutiérrez está en la mira de criminales, con al menos cuatro planes de ataque en su contra.

La extorsión es la principal causa de las amenazas hacia los mandatarios locales. En Caquetá, las disidencias de las Farc han impuesto cuotas anuales que oscilan entre 100 y 250 millones de pesos a los alcaldes, como condición para que puedan llevar a cabo sus proyectos. El gobernador Luis Francisco Ruiz ha señalado que casi todos los alcaldes están sometidos a esta presión.

La situación se complica aún más por la falta de implementación del proceso de paz acordado con las Farc. Esto ha permitido que múltiples actores ilegales ocupen los espacios dejados por la guerrilla, intensificando las amenazas hacia los políticos. El Clan del Golfo, otro grupo armado, también representa un desafío significativo, ya que ha comenzado acercamientos de paz con el Gobierno.

La Unidad Nacional de Protección y la Policía están asumiendo la seguridad de los mandatarios, pero muchos alcaldes desconfían de la protección ofrecida, lo que ha llevado a rechazar los escoltas. Esta desconfianza se debe a la percepción de que los escoltas son excombatientes de las Farc. La situación de inseguridad para los alcaldes y gobernadores de Colombia es alarmante y requiere atención urgente.