El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ha abandonado el penal de Hermosillo, Sonora, tras ser vinculado a proceso por un juez federal. Este acontecimiento se produjo el domingo, después de que el juez Enrique Hernández Miranda decidiera que el pugilista enfrentará su juicio en libertad condicional. Chávez Jr. está acusado de delitos relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico de armas, específicamente por su supuesta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

La audiencia se llevó a cabo de manera remota desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, donde Chávez había estado recluido desde su deportación de Estados Unidos. Durante la audiencia, el boxeador expresó: "Soy de Culiacán, soy boxeador desde hace 22 años; desde chiquito se dicen chismes de mí y esto es más de lo mismo". A pesar de su liberación, se le impuso la restricción de no salir de México mientras continúa el proceso judicial.

La defensa de Chávez, liderada por su abogado Rubén Fernando Benítez, ha criticado las acusaciones, argumentando que se basan en "anécdotas de camaradería" y que su cliente no tiene restricciones para establecer su residencia en cualquier parte del país, siempre que no abandone México. La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado un plazo de tres meses para la investigación complementaria, y la próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre.

Chávez Jr. fue arrestado el 2 de julio en Los Ángeles por exceder la duración de su visa de turista y por mentir en su solicitud de residencia. Posteriormente, fue deportado a México, donde se le acusó de participar en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas y su supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Este caso es parte de una investigación más amplia que la FGR inició en 2019, que involucra a varios miembros del cártel y otros delitos graves.

El boxeador, de 39 años, ha tenido un historial complicado en Estados Unidos, incluyendo arrestos previos por conducción bajo los efectos del alcohol y posesión de armas. Su situación legal sigue bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras se espera el desarrollo de la investigación.