Una contradicción total que a los pocos días de nombrar como titular de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte salga a hablar de “dejar atrás las divisiones entre los poderes del Estado”, cuando tal designación es una afrenta al Congreso que hace pocos meses censuró a dicho personaje, y al sistema de justicia que lo investiga por diversas presuntas irregularidades que el flamante ministro ni muestra interés por esclarecer.

También es una ironía que la presidenta Boluarte trate de mostrar que hace esfuerzos para poner freno a la criminalidad, cuando precisamente acaba de regresar a su gabinete a Santiváñez, que fue echado del Ministerio del Interior por el Congreso por su ineptitud para poner en vereda a los delincuentes, que es lo que el país exige

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