El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal ha dictado un veredicto condenatorio contra Gabriel Ruiz-Tagle, exdirector y expresidente de Blanco y Negro, por el delito de uso de información privilegiada. Este fallo se basa en la infracción del artículo 60 letra e de la Ley de Mercado de Valores, relacionada con la venta de acciones de la sociedad que administra a Colo Colo en mayo de 2018.

El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, explicó que el 28 de mayo de 2018, Ruiz-Tagle vendió entre 4 y 4,5 millones de acciones por un monto cercano a 1.200 millones de pesos, antes de que el mercado conociera los estados financieros que él ya había revisado. "Para el tribunal existe un reproche (…) vendió cuatro millones de acciones habiendo obtenido información privilegiada", afirmó Retamal.

La investigación reveló que entre abril y mayo de 2018, Ruiz-Tagle acumuló cerca de 5 millones de acciones. En la mañana del 29 de mayo, compró aproximadamente 109 mil títulos y, horas después, vendió alrededor del 78% de su posición. La fiscalía argumentó que esta transición de comprador a vendedor se debió a su conocimiento previo de los estados financieros, lo que contraviene la ley.

El tribunal absolvió a Ruiz-Tagle de un cargo relacionado con la compra de acciones, pero condenó la venta por su gravedad en el ámbito bursátil. La fiscalía ha solicitado una pena de presidio menor en su grado medio, equivalente a 3 años, y una inhabilitación de 5 años para ocupar cargos en directorios de sociedades anónimas. La lectura de la sentencia se llevará a cabo el 10 de septiembre.

La defensa, representada por el abogado Hugo Rivera, cuestionó la coherencia del fallo, señalando que es contradictorio absolver la compra y condenar la venta, ya que ambas acciones ocurrieron en el mismo periodo. Rivera había argumentado que la Comisión para el Mercado Financiero y la Corte de Apelaciones no habían encontrado infracción a la ley en fallos administrativos previos, pero el fiscal Retamal aclaró que esos fallos eran de naturaleza administrativa y no penal.

Con este veredicto, se espera que se refuercen las sanciones para quienes cometen delitos en el ámbito del mercado de valores, subrayando la importancia de la transparencia y la ética en las operaciones bursátiles.