El Perú podría estar a punto de dar un giro significativo en su relación con los organismos internacionales. El canciller Elmer Schialer anunció que el Gobierno está evaluando la posibilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que podría llevar a un eventual retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En una entrevista con Latina Noticias, Schialer afirmó: “Este sistema ya no responde a la realidad del Perú”, lo que ha generado preocupación en la región.

El canciller explicó que se ha conformado un grupo de trabajo para analizar los antecedentes, fundamentos y consecuencias de una posible salida de la Corte IDH. Este proceso, según Schialer, no se resolvería de inmediato, sino que podría tomar entre uno y tres años. “No es un tema de gobierno, sino de Estado. Nosotros evaluamos y el próximo gobierno encontrará lo que hemos avanzado. La vida internacional no se detiene”, añadió, subrayando que la decisión final recaerá en el Congreso de la República.

Schialer también criticó las resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano, afirmando que “no se condicen con la realidad del Perú” y que los informes carecen de objetividad. “Lo que queremos es que haya una visión más integral y comprensiva, porque el país se ha portado más que bien con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró.

Este anuncio se produce en un contexto político tenso, marcado por la reciente aprobación de una ley de amnistía para policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. La presidenta Dina Boluarte también ha reforzado esta línea al crear un Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional, que tiene como objetivo elaborar un proyecto de Ley de Soberanía Nacional en un plazo de 60 días, limitando la intromisión de organismos internacionales en asuntos internos.

La situación se complica aún más con la presencia de Juan Rivera Lazo, exjefe del Grupo Colina, en una ceremonia del Gobierno el mismo día de la promulgación de la ley de amnistía. Su asistencia ha sido interpretada como un gesto político que refuerza la intención del Gobierno de confrontar a la Corte IDH.

La posibilidad de que Perú se retire del sistema interamericano no es nueva. En 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se anunció la denuncia de la Convención Americana, aunque finalmente no se concretó. Schialer recordó que desde entonces, varios gobiernos han cuestionado el funcionamiento de la Corte y la Comisión Interamericana, argumentando que no se ajustan a la verdadera promoción y protección de los derechos humanos.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el rumbo del Ejecutivo. Carlos Rivera, abogado y representante de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, calificó como un “craso error” los pasos del Gobierno hacia una posible salida del sistema interamericano. En declaraciones a Exitosa, advirtió que el país “está caminando en la misma dirección que Venezuela o Nicaragua”, que ya se han retirado de la Corte IDH.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también ha manifestado su preocupación, señalando que la reciente ley de amnistía se dictó a pesar de que la Corte Interamericana había solicitado a Perú abstenerse de aplicarla. Para la CNDDHH, estas decisiones reflejan un debilitamiento de la protección internacional de los derechos humanos y un serio desafío legal que podría tensar aún más las relaciones con el sistema interamericano.

El Grupo de Trabajo sobre Soberanía Nacional deberá instalarse en los próximos días y presentar un informe con el proyecto de ley y sus fundamentos a finales de octubre. Si la propuesta es aprobada por el Congreso, Perú podría dar un paso decisivo hacia la denuncia de la Convención Americana, alineándose con países como Venezuela y Nicaragua.