La dueña de Leche Pascual recibe una de las mayores sanciones, con casi 80.000 euros, por no incluir el precio en alguno de los contratos con proveedores

Las sanciones por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria caen a mínimos y el campo reclama más inspecciones

Están a punto de cumplirse tres años desde que el Ministerio de Agricultura empezó a publicar los nombres de las empresas que se saltan la Ley de la Cadena Alimentaria. Se trata de la norma aprobada en 2021 que buscó introducir más transparencia en la formación de los precios de los alimentos y aumentar la protección de los eslabones más débiles de esa cadena, sobre todo, los pequeños agricultores y ganaderos. Una meta compartida por el sector primario que, en cambio, no se puede dar por conseguida, en gran medida, por el bajo importe de las multas.

En estos dos años y nueve meses, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha aprobado casi 380 sanciones que, en conjunto, suman algo más de 2,34 millones de euros. Es decir, el importe medio supera ligeramente los 6.200 euros y, si se mide el promedio diario, este roza los 2.300 euros.

En la siguiente tabla se recogen todas las empresas sancionadas en estos dos años y nueve meses, el motivo por el que han sido penalizadas (aunque la AICA no da muchos detalles) y el importe de las mismas. Hay que tener en cuenta que para ser comunicadas por la AICA, tienen que ser completamente firmes, ya sea por vía administrativa o penal, lo que supone que pueden pasar años desde que se comete la infracción hasta que esta se hace pública.

La AICA publica las sanciones trimestre a trimestre. En el último, un total de 24 incumplimientos que han sumado algo más de 373.000 euros. Y, entre ellos, solo una compañía de renombre: Calidad Pascual. La dueña de Leche Pascual ha sido penalizada por “no formalizar por escrito los contratos alimentarios”. La multa es de 79.200 euros, una suma no muy alta para una empresa que, como corporación, en el ejercicio 2024 ingresó 900 millones de euros.

La compañía láctea ha declinado explicar a elDiario.es los motivos y detalles de esta sanción.

Aunque sea una cifra relativamente baja para uno de los grandes grupos españoles del sector de la alimentación, es la cuarta multa más alta desde que se hace público quién se salta la Ley de la Cadena. Solo hay una gran empresa que ha recibido un castigo más alto: la cadena de supermercados Dia. La AICA le impuso 100.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración”, aunque tampoco dio detalles de qué ocurrió. Y la sanción más alta hasta la fecha, 138.006 euros, corresponde a la empresa agrícola Limones Lázaro El Lurdo, por “no formalizar por escrito los contratos alimentarios”, según la información que publica el organismo que depende del Ministerio de Agricultura.

Las actuaciones más castigadas

Como la AICA no desglosa los motivos concretos de cada sanción, ni cuándo se produjo, ni si corresponde a una acumulación de varias –lo que sube el castigo– no es posible saber las causas concretas de qué ha ocurrido en cada uno de los casos. La cuantía en sí, cuando se comete algún tipo de infracción, parte de un mínimo de 250 euros, cuando son cuestiones consideradas leves; y puede llegar al millón de euros en función de la gravedad y si se ha reincidido en la práctica incorrecta.

La mayor parte de las multas –más de 230– son por un mismo motivo, porque los compradores no han cumplido los plazos de pago. Legalmente, las facturas tienen que abonarse un plazo máximo de 30 días en el caso de los alimentos frescos y de 60 días en el resto de productos. El segundo motivo, no incluir el precio en los contratos; y el tercero, no formalizar los acuerdos comerciales por escrito. En ambos casos, con más de 60 'castigos'.

En cambio, a lo largo de estos dos años y nueve meses, solo ha habido dos sanciones por una de las razones que motivaron al desarrollo de la Ley de la Cadena: la denominada venta a pérdida o comercializar algún producto a un precio que no permite cubrir al proveedor los gastos de producción.

La primera, a la cadena 'low cost' Dealz, a la que se le impusieron 39.600 euros hace casi un año. Esta enseña, que forma parte del grupo polaco Pepco, dejó de operar en España en 2023. Y la segunda sanción por este motivo corresponde a un mayorista de frutas, Fertofrans. A esta empresa valenciana, que ha sido liquidada, recibió una multa de 132.000 euros, la segunda más alta hasta la fecha, por incumplir esta legislación del sector agroalimentario.

Precisamente, que los importes no sean disuasorios y que los medios materiales y humanos no sean suficientes para investigar y frenar las prácticas irregulares, concentran las principales críticas del sector primario a una norma con la que, en su planteamiento, están de acuerdo.

El Congreso de los Diputados tuvo en su mano reforzar la AICA, tal y como se llegó a pactar entre las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para frenar las protestas de hace unos meses. Sin embargo, la Cámara Baja, con los votos de PP y Vox, votó en contra de una enmienda –en la legislación sobre desperdicio alimentario– que hubiera dotado a la AICA de capacidades bastante similares a las que tiene la Agencia Tributaria.