La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes, en fallo de segunda instancia, la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las irregularidades detectadas en el proceso de licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023.

El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, al que estaba obligado como funcionario. El ente de control precisó que la determinación de Leyva se basó en el hecho de que al proceso se presentó un único oferente, argumento que no era válido para declarar desierta la licitación, dado que la empresa cumplía con todos los

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