Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la FIP, reconoció el esfuerzo del Gobierno para dar un marco legal al sometimiento de grupos armados, pero advirtió que la propuesta trae riesgos de aplicación, limitaciones constitucionales y un alcance reducido en términos de seguridad ; esto, ante la Comisión Primera del Senado.

Preciado saludó la apertura del debate y situó su análisis en el marco de la Sentencia C-525 (esta declaró exequible la Paz Total, es decir, compatible y conforme con la Constitución) y la reglamentación de la Ley 2272 (la Ley de Paz Total).

Señaló que la propuesta del Gobierno abre un espacio para revisar los instrumentos de justicia transicional.

Pero el vocero subrayó un cambio de escenario: “ ya casi no existen las insurgencias y el nivel de penetra

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