La presidenta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, María del Carmen Alva, presentará mañana el primer avance de su informe final. Este informe incluye un proyecto de ley que propone la creación de la Escuela Nacional de Justicia, lo que implicaría la desactivación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Academia de la Magistratura.

Alva destacó que el objetivo principal es establecer un sistema de administración de justicia que actualmente no está definido en la Constitución. "Hay que definir los órganos de administración de justicia que conforman el sistema, los órganos de apoyo y las multas para que haya interoperatividad entre las instituciones", explicó.

Uno de los puntos críticos que abordará la legisladora es la provisionalidad de fiscales y jueces. Según sus datos, el 55% de los fiscales y el 41% de los jueces son provisionales. "Nuestra propuesta es: no más provisionalidad. Todos deben ser titulares", afirmó. Alva argumentó que la provisionalidad genera problemas en el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya que muchos jueces y fiscales son designados por los mismos titulares de cada institución.

La creación de la Escuela Nacional de Justicia permitiría que los abogados que postulen sean evaluados y puedan ascender por meritocracia, eliminando así la designación a dedo. Alva también se refirió a las recientes excarcelaciones de figuras como Martín Vizcarra y Betssy Chávez, señalando que los jueces involucrados en estos casos son provisionales, lo que genera suspicacias sobre su independencia.

En cuanto a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Alva indicó que no ha presentado propuestas para mejorar la administración de justicia, a pesar de haber estado en su comisión. "Ella manifestó que no tiene presupuesto, que le han recortado el presupuesto. Pero no nos ha alcanzado propuestas para mejorar la administración de justicia", comentó.

Alva también se mostró crítica respecto a la situación actual de los órganos de control de la Fiscalía y del Poder Judicial, que, según ella, no son independientes de la alta jerarquía. Propuso eliminar el procedimiento de ratificación de jueces y fiscales cada siete años, sugiriendo en su lugar una evaluación permanente.

La legisladora concluyó que es fundamental avanzar en la reforma del sistema de justicia, a pesar de las coyunturas políticas. "Si nosotros vamos a dejar de trabajar por coyunturas políticas, no vamos a trabajar nunca", afirmó.