El Gobierno de Perú ha propuesto la construcción de un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, con un presupuesto estimado de 500 millones de soles. Esta iniciativa ha suscitado críticas debido a su elevado costo y a informes oficiales que han declarado la propuesta como inviable. Especialistas y exautoridades advierten que la obra no solo requeriría una inversión millonaria, sino que también representaría un desafío logístico constante para garantizar el traslado de personal, alimentos y servicios básicos en una zona que carece de las condiciones necesarias para operar un establecimiento penitenciario.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que el antiguo penal de El Frontón presenta serias limitaciones. Según documentos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un área de 5.000 metros cuadrados solo podrían albergarse 108 reclusos, a pesar de que el Gobierno asegura que el nuevo centro tendría capacidad para 2.000 internos. Además, la isla carece de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, lo que obligaría al Estado a transportar diariamente recursos y personal en embarcaciones.

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, enfatizó que la operación diaria del penal sería insostenible y que los costos superarían ampliamente lo anunciado por el Ejecutivo. Por su parte, Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, recordó que la isla está clasificada como "suelo de protección" en el Plan de Desarrollo Metropolitano Callao 2040, lo que limita su uso a fines ecoturísticos y recreativos. La instalación de un penal en esta área contradice la planificación urbana vigente.

El alcalde de La Punta, Ramón Garay, también expresó su preocupación, advirtiendo que la construcción del penal podría poner en riesgo la tranquilidad del distrito y afectar el turismo local, especialmente los recorridos hacia las islas Palomino y San Lorenzo, que son populares por su biodiversidad y atractivo paisajístico.

El Ejecutivo ha estimado una inversión de 500 millones de soles y ha anunciado un compromiso privado de 174 millones de dólares. Sin embargo, expertos en seguridad y exautoridades han señalado que el gasto real podría ser mucho mayor debido a las necesidades de transporte, mantenimiento y generación de servicios en un entorno aislado. Informes de diversas entidades, como el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, ya habían declarado la iniciativa como inviable en gestiones anteriores.

El sistema carcelario peruano enfrenta un grave problema de sobrepoblación, pero la isla El Frontón no parece ser la solución adecuada. Un informe de la Policía Nacional de 2024 recomendó evaluar la construcción de un megapenal en tierra firme, que ofrecería mayor capacidad y accesibilidad. Además, se ha destacado la importancia de culminar las obras penitenciarias inconclusas en regiones como Arequipa, Cajamarca, Chincha, Pucallpa e Ica, que podrían sumar más de 14.000 plazas, superando así la capacidad proyectada para El Frontón.