El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha admitido a trámite la solicitud de destitución del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Esta decisión se produce tras el rechazo de un recurso presentado por la defensa de Orrego, que argumentó que los consejeros regionales que solicitaron su destitución no estaban correctamente identificados y que la representación legal fue inadecuada.

El Tricel, en su resolución, afirmó: "Téngase por interpuesto el requerimiento". Los ministros del tribunal, entre ellos Arturo José Prado Puga y Adelita Inés Ravanales Arriagada, señalaron que los consejeros que presentaron la solicitud lo hicieron de manera personal, lo que confirma su identidad y su interés en promover la remoción de Orrego. Además, el tribunal destacó que los consejeros cumplieron con las exigencias normativas necesarias para que su solicitud fuera considerada.

La solicitud de destitución se basa en acusaciones de notable abandono de deberes y violaciones al principio de probidad administrativa, derivadas de un informe de la Contraloría. Este informe señala que Orrego habría utilizado fondos del Gobierno de Santiago para su campaña de reelección. Los consejeros regionales de oposición, como Álvaro Bellolio de la UDI, llevaron el caso al Tricel para que se determine si Orrego debe dejar su cargo.

La defensa de Orrego, representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, había interpuesto un recurso de reposición para anular la solicitud de destitución, alegando que los firmantes no tenían la autoridad para actuar en nombre de los consejeros. Sin embargo, el Tricel aceptó las ratificaciones realizadas por los consejeros, lo que permitió que el recurso opositor avanzara.

El resultado de la votación fue dividido, con el ministro Gabriel Ascensio votando en contra de la decisión, argumentando que se debía acoger la solicitud de la defensa. La Contraloría ha cuestionado varios gastos realizados por el Gobierno de Santiago, incluyendo actividades de coaching y contratos con consultoras, que están siendo investigados por la Fiscalía Oriente. Además, la Fiscalía de Antofagasta ha solicitado el desafuero de Orrego en relación con el Caso ProCultura, donde se investiga un posible fraude al Fisco por convenios firmados por más de $1.690 millones.

La situación de Orrego se complica, y la justicia revisará la solicitud de desafuero el próximo 6 de octubre. La defensa del gobernador ha reiterado su inocencia en todos los cargos.