Como hoy publica LA RAZÓN, Víctor de Aldama, el empresario presuntamente implicado en delitos, entre otros, de evasión fiscal, blanqueo de dinero y cohecho, y uno de los testigos de cargo de las presuntas tramas de corrupción que afectan a varias personas vinculadas tanto con el PSOE como con el Gobierno, mantiene a modo de «seguro de vida» documentación que, siempre supuestamente, relacionaría a otros militantes socialistas con actividades ilegales, incluso, con pagos irregulares desde el extranjero. Ciertamente, si partimos del hecho de que una parte de las acusaciones de Aldama han sido causa suficiente para iniciar investigaciones judiciales en el entorno familiar y político más cercano del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprende el nerviosismo de un Gabinete que no sólo
Un gobierno bajo amenaza no es nadal útil

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