La ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez Chino, no podrá abandonar el país durante los próximos 10 meses. Esta decisión fue tomada por el juez supremo Edhín Campos Barranzuela, quien dictó un impedimento de salida en el marco del juicio que enfrenta por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. La medida se aplicará desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 11 de julio de 2026.

El juez fundamentó su resolución en la existencia de "sospechas suficientes" sobre la implicación de Chávez en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial. Campos Barranzuela destacó que la medida es necesaria para evitar riesgos de fuga y asegurar que la acusada comparezca ante todas las instancias del proceso judicial.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos había solicitado inicialmente un impedimento de salida de 12 meses, pero el juez optó por un plazo de 10 meses, considerándolo "razonable" dado que el juicio oral está en curso. La resolución ya fue notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su registro inmediato.

Chávez, quien ya había enfrentado medidas de restricción, incluyendo la prisión preventiva, fue excarcelada recientemente tras la anulación de esta medida por el Tribunal Constitucional. La decisión del Poder Judicial ha generado gran expectativa mediática y política, dado el perfil de la acusada y la relevancia de los hechos investigados.

El caso de Betssy Chávez se enmarca en un contexto judicial más amplio, donde se ha planteado la posibilidad de que Pedro Castillo sea acusado de conspiración para la rebelión en lugar de rebelión, lo que podría afectar a otros exministros, incluyendo a Chávez. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha indicado que podría desvincularse de la acusación original, permitiendo la incorporación de nuevas calificaciones penales.

La medida de impedimento de salida busca garantizar la transparencia y continuidad del juicio, asegurando que todos los actores necesarios estén presentes durante el proceso. Con el juicio en marcha, se espera que las audiencias continúen en los próximos meses, mientras el Ministerio Público recopila evidencias y la defensa de Chávez presenta sus argumentos.